Por las preguntas pendientes del último pleno, la comisión de control de ayer fue también muy larga y densa. Aparte del polémico asunto de la contaminación y la refinería, destacó la intervención de la concejal de Seguridad, Carmen Delia González, para defender la "utilidad" y el sentido de que la ciudad cuenta con 41 miembros de la Unipol. Las funciones que desarrolla esta unidad policial desde 2004, la demanda que existe de su presencia en barrios y sus prestaciones ante determinados eventos no convencieron a grupos como el PP y Sí Se Puede, que concluyeron que el consistorio está asumiendo un sobrecoste por unas labores que podrían desarrollar el resto de agentes, aparte de que Pedro Arcila censuró algunas actuaciones de esta unidad. González se empeñó en recalcar que su existencia, lejos de suponer un debilitamiento del servicio y detraer agentes a otras unidades, sirve de refuerzo, aparte de recalcar que la ley canaria permite la creación de esta sección.

Otro asunto que levantó expectación y debate fue la pregunta de Por Tenerife respecto a cómo se resolverá el "fuera de ordenación". En ausencia del edil de Política Territorial (y no solo de Urbanismo, según se matizó), Julio Pérez reiteró en gran parte lo indicado en la reunión de la semana pasada y confirmó que el 7 de marzo se presentará un mapa municipal de la incidencia de dicha catalogación, que puede afectar a casi la mitad de la población. Las críticas esgrimidas por el PP, que sostiene que hay contradicciones entre Pérez y Martín, fueron desmentidas por el primer teniente de alcalde al subrayar que "gran parte" de los inmuebles con esa figura se resolverán dentro del propio PGO con cambios de usos, ámbitos y recalificaciones de parcelas, mientras que el resto se hará con modificaciones legislativas a escala estatal y regional, "tal y como recoge nuestro pacto de forma literal".