Cada vez que se ha hablado de falta de personal en el Ayuntamiento de Santa Cruz en lo que va de mandato, diversos ediles de la oposición, como Pedro Arcila, Asunción Frías, Manuel Fernández, Guillermo Guigou o José Manuel Corrales han aludido directamente al concejal de Bienestar Social, José Manuel Arocha (PSOE), que en varias ocasiones ha asentido ante la afirmación de que necesita más empleados en su área. Ocurrió, sobre todo, en la última sesión y durante el debate sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en Viviendas Municipales, aunque Arocha nunca lo ha ratificado oralmente. En declaraciones a EL DÍA, sin embargo, anuncia que, durante este mes, contratará a 42 trabajadores sociales para "poner al día" su departamento y solventar el retraso de diversos programas.

Su anuncio supone un claro reconocimiento del déficit de personal que sufre el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). De hecho, afirma que, sin la incorporación de estos empleados, el departamento que dirige necesitaría mucho más personal para solventar esos problemas y afrontar con más garantía sus múltiples prestaciones en una etapa cada vez más difícil por la persistente crisis económica.

La incorporación de los 42 titulados en Trabajo Social será posible gracias a un nuevo convenio con el Servicio Canario de Empleo. Los contratados estarán seis meses en el IMAS y se centrarán, sobre todo, en programas relacionados con menores y familias conflictivas, según explica Arocha. Se trata de dos de los ámbitos donde más retraso se acumula y donde mayores son las necesidades de personal.

Una vez concluido el paso de estos trabajadores sociales por el IMAS, el departamento seguirá necesitando una ampliación de personal, si bien el concejal ya la limita solo a diez empleados para poder mantener el ritmo de trabajo que, a su juicio, precisa un área tan importante en unos momentos tan críticos como los actuales, cuando los casos de personas necesitadas aumenta sin cesar y el trabajo se complica cada día más en diversos ámbitos.

Arocha confía en incorporar a esas diez personas mediante el plan de reestructuración que ha emprendido el gobierno local, aunque deja la decisión precisamente a expensas de lo que se concrete en la comisión recientemente creada para perfilar esta iniciativa, uno de los principales objetivos del pacto de gobierno en lo que se refiere a la planificación municipal.

Lo que sí reitera el gobierno local, tal y como repitió la edil de Recursos Humanos, la nacionalista Carmen Delia Alberto, en la sesión de control del pasado martes, es que determinados organismos y empresas municipales no pueden reasignar a sus trabajadores a otros departamentos locales. Esto fue, entre otros motivos y siempre según el equipo gobernante, lo que impidió reubicar a los 9 empleados despedidos de Viviendas Municipales, a los que se sumó luego el gerente.

Arocha, no obstante, confía en que pueda disponer de esos diez trabajadores tras la conclusión del convenio con el SCE.

Cambio de sede

En la citada sesión de control, además, se informó, a preguntas del concejal del PP Óscar García González, sobre cuándo prevé el gobierno municipal trasladar el personal del IMAS a otras dependencias para evitar el pago de unos 300.000 euros anuales por el alquiler de la sede actual. El gobierno indicó que se hará en los próximos seis meses, pero su falta de concreción molestó al edil conservador.