El Plan General de Santa Cruz volvió a sobresalir ayer, durante el pleno local, entre los asuntos que más polémica desatan en la actualidad capitalina. Una intervención inicial de la portavoz del PP, Cristina Tavío, durante la aprobación de las actas de las sesiones de abril a junio y, siete horas más tarde, otra con motivo de la pregunta de Ana Zurita sobre cómo se ha remitido el expediente a la Cotmac originaron los momentos más tormentosos de la, de nuevo, maratoniana jornada. La intensidad quedó evidenciada, sobre todo, cuando, por alusiones, la líder conservadora tildó de "delito gravísimo" lo hecho con el PGO y el alcalde, José Manuel Bermúdez, le recordó varias veces que no tenía el turno de palabra y que, en todo caso, "ya sabe lo que tiene que hacer", en una clara invitación a que acuda a la justicia a denunciar.

En línea con la polémica de la semana, tanto Tavío como Zurita insistieron en que, para el PP, el gobierno, por medio de la Secretaría municipal, envió a la Cotmac un acuerdo plenario sobre el plan que no coincide con el aprobado en la sesión del 20 de julio. A diferencia de lo que habían hecho en los últimos días, esta vez, y en una nota repartida entre los medios, ponían el acento también en lo que certifica el 25 de julio el secretario municipal, que cambia la "literalidad del dictamen de la comisión de Servicios Territoriales del 18 de julio", al señalar que se le proponía a la Cotmac la suspensión de ámbitos y la aprobación definitiva parcial del PGO.

Queja formal del PP

El PP censura que descubriesen esto gracias a la resolución del director regional de Ordenación del Territorio, del pasado 18 de septiembre, que aclara que el ayuntamiento solo tomó en conocimiento los 45 reparos detectados en el PGO y que no pudo aprobar parcialmente el plan porque no tiene las competencias para ello. Además, los populares presentaron una queja formal porque aún, y cuando han pasado tres meses, no se haya aprobado el acta de la sesión del 20 de julio.

Al principio de su respuesta a Zurita, José Ángel Martín rebajó un poco su seguridad de los últimos días y admitió que, al comprobar cómo el PP seguía manteniendo sus tesis el mismo jueves, pidió un informe a los técnicos de Urbanismo que, sin embargo, no detectan ninguna consecuencia ni riesgo jurídico en la resolución del director general y en el intercambio de comunicaciones y añadidos en la entrega de documentos a la Cotmac sobre el PGO. Ante esto, recalcó que, de ser cierta la versión del PP, lo lógico es que el Gobierno regional hubiera devuelto el plan y pedido que se corrigiera lo que se aprobó por ser incompetente.

Martín insistió en que solo se les pidió que remitieran el texto no solo en forma digital, sino en copias de papel, y que el único error consistió en cómo estaba titulado el estampillado remitido y luego corregido, al aludir a esa aprobación parcial y a los ámbitos suspendidos. Por eso, volvió a presentar lo ocurrido como un defecto formal y acusó al PP de mentir, aunque, en declaraciones a EL DÍA, sí admitió que, quizás, debieron evitar que en la comisión de Urbanismo se respaldase una redacción que alude a aprobar el plan parcialmente y suspender ciertos ámbitos.

El PP, por el contrario, insistió en que se produjo un cambio en la literalidad que queda probado con el vídeo del pleno y la certificación posterior del secretario. El debate se agrió al final, cuando Tavío habló de "delito gravísimo" con consecuencias jurídicas muy perjudiciales para la ciudad, mientras que el alcalde le retaba a que lo denunciase en los juzgados.

Tras la polémica inicial por las actas, vino uno de los momentos más esperados: la toma de posesión de los tres nuevos ediles del PSOE: Florentino Guzmán, Yuri Más y Alicia Álvarez, quienes sustituyen a los dimitidos Julio Pérez, José Manuel Arocha y Mónica Molina. Los tres prometieron sus nuevos cargos, en los que gestionarán gran parte de las áreas que ya llevaba el PSOE, con la novedad de Participación Ciudadana y la pérdida de Deportes (ver la reorganización local en la página 5).

Tributo a J.C. Schwartz

Luego, se apoyaron los expedientes de honores y distinciones para Carmelo García del Castillo y José Antonio Barrios Oliveros y se llegó a una de las pocas mociones aprobadas por unanimidad, al tratarse de una iniciativa institucional: el desarrollo de un convenio de colaboración para la creación del Aula Cultural José Carlos Schwartz Hernández, en tributo al último alcalde republicano de Santa Cruz, asesinado por los golpistas en 1936. Su hija, Mercedes Schwartz, agradeció entre el público un homenaje póstumo que llega 76 años después.

A partir de aquí, el consenso total solo reaparición con motivo de la moción de Alexis Oliva (PP) sobre la financiación de cabildos insulares y ayuntamientos a través de los fondos derivados del REF. Todos los grupos apoyaron las tesis de Oliva en pro de una mayor recaudación local de impuestos como el IGIC, "ya que el Gobierno regional, por ejemplo, se queda con 40 millones solo por gestionarlos". Eso sí, al final se aceptó un texto alternativo del edil de Hacienda, Alberto Bernabé, que mantenía el espíritu de la moción.

La falta de unanimidad comenzó con el rechazo por parte del gobierno y el apoyo de la oposición a una moción de SSP sobre el reglamento de Participación Ciudadana en lo relativo a la cesión gratuita de locales. Bernabé negó que no se haya consensuado con las AAVV y diversos colectivos, al tiempo que aclaró que solo se han incorporado tres matices al texto ya existente. El resto de partidos le reprocharon que se hiciera por decreto y sin consultarles, si bien Asunción Frías (SSP) y el edil de CC acordaron que se revise el caso de los grupos del Carnaval.

Soria y la refinería

El disenso siguió con la condena a lo dicho por el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre que la refinería continuará en Santa Cruz. Eso sí, en esta ocasión, como en otras muchas en la sesión, el PP se quedó solo. Manuel Fernández recalcó que Soria había afirmado eso con el matiz de que era así "de momento", al tiempo que defendió a la empresa por su carácter estratégico, la actividad que genera y los "5.000 empleos". Guillermo Guigou le criticó con dureza, negó sus datos y reiteró su denuncia por el "silencio" e inacción ante los incumplimientos de las ratios de contaminación o el apagado de los controles en ciertos días.

Esta línea continuó con el mercadillo de venta ambulante para García Escámez propuesto por SSP, defendido en el pleno por el representante del colectivo de gitanos que se dedica a este comercio, Rafael Heredia, y rechazado por el gobierno. El PP se abstuvo y el resto respaldó una moción que SSP quiso cambiar al final por las alusiones a esta opción en el barrio presentes en un estudio de viabilidad económica sobre el municipio que, al no haber pasado por el pleno, el gobierno entendió que no procedía en este caso. Numerosos comerciantes de La Recova y el Rastro dejaron clara su oposición a la iniciativa y abucheraron a veces a Heredia.

El PP se quedó solo también con una moción de Carlos Garcinuño para mejorar la zona comercial abirta del centro histórico. El gobierno señaló que muchas medidas ya están en desarrollo y a los populares se les criticó en general que defiendan la austeridad y, sin embargo, propongan adelantar y aumentar la iluminación navideña. Asimismo, aunque con el apoyo del resto de la oposición, el equipo gobernante desechó otra propuesta conservadora para actuar en los polideportivos de la ciudad y ampliar el catálogo con los de canchas privadas o de otras instituciones. También en este caso, CC y PSC esgrimieron las gestiones y actuaciones hechas o previstas.

El disenso más desagradable, para muchos grupos, se produjo con otra propuesta popular, en este caso para defender al Banco de Alimentos de Las Palmas y de Tenerife como Premio Canarias. Aunque CC y PSOE lo apoyaron, SSP y José Manuel Corrales criticaron que no se buscase una ONG de consenso. Guigou, que se abstuvo, alertó de las dudas que crea cómo se distribuyen los alimentos en la ciudad.