Un auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que firma el magistrado instructor Luciano Varela Castro y está fechado el pasado día 10, aunque fue dado a conocer ayer, determina remitir "a trámite la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra el citado (Miguel Zerolo, senador de CC y exalcalde de Santa Cruz), a fin de que ordene lo necesario para que se pueda formular y tramitar el suplicatorio al Senado para la inculpación del querellado". El suplicatorio se solicita por "un posible delito de prevaricación", relacionado con las obras que se realizaron en 2003 en el edificio del antiguo IES Hermanos García Cabrera de Ofra.

La Sala de lo Penal acordará en los próximos días el trámite para que el presidente del Tribunal, Gonzalo Moliner, lo solicite oficialmente, según fuentes jurídicas. De este modo, podrá proseguir la investigación para decidir si se procesa y juzga al senador.

En el auto, Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el ayuntamiento".

El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo e investiga Varela, quien ahora, al comprobar que los hechos son verosímiles y deben ser investigados porque podrían ser delictivos, ha pedido el suplicatorio al Senado.

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató las obras de acondicionamiento del edificio que debía albergar la sede municipal en sustitución de la de General Antequera sin el proyecto ni el concurso público que exigen las leyes y sin atender a los reparos de la Intervención. "El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención", explica el auto.

Esta inculpación tiene su origen en la querella admitida por el Supremo a partir de una denuncia del colectivo Justicia y Sociedad ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación a Imes SA (más tarde Imesapi SA) de la reforma del antiguo instituto, a la que destinó 5,5 millones de euros (casi mil millones de las antiguas pesetas). El expediente del García Cabrera se inició en 2005 con una primera adjudicación de 371.628 euros a Imes que se incluyó en el contrato de mantenimiento de edificios contra el criterio del Interventor, que advirtió de su ilegalidad al tratarse de una obra mayor y de gran reforma (no simple mantenimiento), por lo que debía salir a concurso público.

"Cosas mal hechas"

El concejal de XTF José Manuel Corrales considera que "las cosas se hicieron rematadamente mal en el Caso García Cabrera". El edil recuerda que pese al reparo del Interventor, Zerolo ordenó la continuación del expediente de pago, levantando dicho reparo gracias a un informe favorable de los asesores jurídicos. A raíz de este informe jurídico "tomaron cuerpo graves irregularidades". Este asunto salió a la palestra cuando, en mayo de 2006, se hizo público un informe firmado por los mismos letrados, fechado el mismo día que el anterior y fundado en idéntica jurisprudencia que llegaba a una conclusión opuesta: la adjudicación a dedo era irregular porque se trataba de una obra mayor y no podía incluirse en el contrato de mantenimiento. IU convoca para hoy una rueda de prensa.

¿Denuncia a Bermúdez?

El actual alcalde, José Manuel Bermúdez, también será objeto de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, según anunciará hoy Socialistas Por Tenerife (SxTF), por "un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".