La Fiscalía ya sabía que el frente de Las Teresitas era del propio ayuntamiento. El sumario del caso Penal de la compraventa de Las Teresitas ya recogía que los terrenos eran titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esto fue lo que aseguraron la pasada semana Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se Puede, y José Manuel Corrales, de X-TF. Ambos ediles de la oposición mostraron su extrañeza por que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hubiera pedido la suspensión de la vista oral del juicio civil en el que el consistorio reclama los 53 millones de euros que pagaron a los constructores Antonio Plasencia e Ignacio González.

Porque que el frente de Las Teresitas era terreno municipal era casi un secreto a voces. En las páginas 5 y 6 de las diligencias previas del proceso penal de Las Teresitas, la fiscal establece en su denuncia que la Junta de Compensación de Playa de las Teresitas y el Ayuntamiento de Santa Cruz suscribieron un convenio. "Entre las muchas condiciones estipuladas hemos de reseñar aquella que determinaba que la Junta de Compensación habría de aportar al ayuntamiento 50 millones de pesetas como contribución a las obras de la playa, habiendo sido cedidos al ayuntamiento, con la finalidad de financiar las obras expresadas, los terrenos que forman la franja que bordea la Playa de las Teresitas, cuyo límite superior coincide con el comienzo de la carretera de Igueste de San Andrés [..]".

Según esto, está claro que los terrenos eran del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que este terminó pagando por ellos en 2001 a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) de los citados empresarios.

La fiscal los considera hechos probados porque en el sumario consta el Convenio para la Cesión de Terrenos de 1967 y la declaración judicial de José Delgado (año 2007), que fue presidente de la Junta de Compensación desde 1963. Delgado, interrogado como testigo responde afirmativamente a la pregunta de si se cedieron los terrenos al ayuntamiento.

Además, el 22 de noviembre de 2007, Humberto Gonar publicó una entrevista en EL DÍA precisamente a José Delgado Díaz, quien explica en este periódico que "cuando se hizo el proyecto de la playa, se celebró una reunión en la que participaron José Miguel Galván Bello, en calidad de presidente del Cabildo; Pedro Doblado, alcalde de Santa Cruz, y yo, como presidente de la Junta. Nos reunimos en el Cabildo y se llegó al acuerdo de aportar 50 millones para mejorar Las Teresitas. Al no tener dinero, tuvimos que ceder el frente de la playa al ayuntamiento para que el Cabildo costeara la obra".

Con todo esto, uno se pregunta: ¿cómo es posible que la actual corporación municipal desconociera estos hechos? O, si los conocía, ¿por qué no los aportó desde un principio en el proceso civil de reclamación del pago de los 53 millones pagados a ILP?

Y aquí entramos en el camino de las elucubraciones. Para José Manuel Corrales, de XTF, todo esto es una conspiración entre el ayuntamiento y los empresarios, que han llegado a un acuerdo para evitar devolver el dinero a las arcas consistoriales.

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se Puede y abogado, está asombrado. "Me crea mucho temor el nivel de improvisación/incompetencia del ayuntamiento de cara a una de las principales reclamaciones de la ciudad". "No es un documento nuevo, está en el sumario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ya se ha remitido al Supremo porque Zerolo es senador", apostilló.

El problema de fondo es que nadie puede aportar hechos que ocurrieron en el pasado una vez que se ha presentado una denuncia. Pudo ocurrir que el abogado del Ayuntamiento no incluyera los documentos ni hiciera constar en la reclamación civil que los terrenos que se compraron eran realmente del consistorio.

El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, ya apuntó estos días a un posible error de un funcionario.

La sorprendente suspensión de la vista civil por parte del consistorio sería entonces una especie de huida hacia delante. Choca oír hablar al primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, de un documento misterioso y que va a ser vital para la investigación, que va a salvar el proceso, cuando ya mencionaba que la propiedad era del consistorio en la denuncia que presentó cuando él estaba en la oposición.

La realidad, no obstante, es que se ha podido cometer un error tan garrafal que puede dilatar un proceso civil por el cual el consistorio hubiera podido percibir una importante cantidad de dinero en un corto espacio de tiempo.

Ahora, supuestamente tiene que esperar a que se resuelva el proceso penal para aportar la sentencia y así intentar subsanar el error.

¿A quién ha beneficiado esta omisión, este supuesto error? Tal vez la respuesta a esta pregunta sea la clave de este misterio.