Llegó el día "T", por Teresitas, con el juicio oral de la causa penal por la compraventa del frente de la playa, y no defraudó las expectativas mediáticas. Fue una maratoniana doble sesión. Por la mañana, tras las conclusiones de la fiscal anticorrupción, María Farnés, los 16 abogados de los acusados -trece personas físicas y tres jurídicas: ILT, Promotora Puntalarga y Promotora Victoria- presentaron sus alegaciones. En el turno de tarde Farnés, el abogado de la acusación popular, José Pérez Ventura, y el letrado del Ayuntamiento de Santa Cruz, con distintos matices, las rechazaron. Ahora decidirá el tribunal encabezado por el juez y presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, junto a los magistrados Jaime Requena y Fernando Paredes.

Todo es grande para esta ínsula en el "juicio del año y casi de siglo". Casi 70 tomos de sumario, con miles de folios, unos 75 testigos durante unos tres meses de sesiones o 60 años de petición global de cárcel más 39 millones de euros de indemnización para los acusados por malversación y prevaricación administrativa. Ayer fue un ensayo general con todo. La duración, cuatro horas y media por la mañana y casi dos por la tarde; la expectación mediática y de curiosos anónimos, que disminuyó a medida que avanzaban la fatiga y el hambre y hasta una sala incómoda con sonido nefasto -Astor no dudó en lanzar la puya de 12 años de espera por una prometida sede judicial decente-.

Dos bandos de letrados frente a frente. A un lado, la fiscal jefe, la acusación particular y el ayuntamiento. Al otro, abogados defensores de alto nivel . Desde catedráticos en Derecho Administrativo a exmiembros del CGPJ.

Y, por supuesto, los trece acusados. Según la alineación desde atrás en las cuatro filas de sillas: el exalcalde Miguel Zerolo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, además de sus hijos, Carlos y Pedro, respectivamente; los funcionarios José Luis Roca Gironés, José Tomás Martín, Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate y Antonio Messía, y los políticos José Emilio García Gómez y Emilio Fresco que firmaron el convenio de la compraventa en 2001. Los abogados de Parejo, González y Martín, pidieron que se les exima de comparecer a determinadas fases del juicio.

El abogado del ayuntamiento impugnó el escrito de defensa de Manuel Parejo por vulnerar el derecho a la intimidad al incorporar historias clínicas de sus pacientes. La fiscal se opuso a la impugnación, que sí apoyó Pérez Ventura por la protección de datos. Los historiales se usaron para ver si la letra de Parejo coincide con la de documentos que garantizan que el suelo en discusión era público.

Los defensores coincidieron en apelar a la "indefensión" o el "desconocimiento", así como en la vulneración de derechos fundamentales para solicitar el sobreseímiento o la prescripción de los supuestos delitos

La Fiscal Farnés explicó en su alegato inicial la modificación de sus conclusiones sobre los cuatro empresarios "de inductores a inductores o cooperadores necesarios" e impugnó los informes periciales elaborados por el arquitecto Javier Domínguez Anadón, porque "no hace valoración", sino "da opinión". Por la tarde rechazó todas las alegaciones de las defensas sobre esa supuesta indefensión y argumentó que vía civil y penal son ámbitos completamente distintos.

En la sesión vespertina se discutió sobre nueva documentación como los 2.000 folios de la defensa de Víctor Reyes que los letrados, según Joaquín Astor, deberán leerse antes de la sesión que será ya declarativa con los primeros testigos del "juicio del siglo".