Con la intención de darle "más seguridad jurídica", el grupo de gobierno de Santa Cruz, CC-PP, decidió retirar ayer del Pleno la propuesta con la que pretende dar solución al problema del fuera de ordenación.

Lo hizo después de un intenso debate, por sugerencia del portavoz municipal socialista, José Ángel Martín, y tras consultar con el secretario municipal. ¿La razón? El expediente en el que se propone el levantamiento de la suspensión de las áreas del PGO afectadas desde su aprobación en 2013 no fue votado ni en el Consejo Rector de Urbanismo ni en la Comisión de Ordenación del Territorio.

"Existe un riesgo", advirtió Martín. Ante las dudas, el alcalde consultó con el secretario municipal y se decidió corregir ese aspecto. El expediente se tratará, casi con seguridad, en el próximo pleno, tras someterse a votación en los dos órganos citados. El debate será intenso.

Ayer, la oposición en bloque ya puso en duda que la propuesta defendida por el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, resuelva el fuera de ordenación. "Es un engaño a la ciudadanía. Si se derriba un edificio y se hace de nuevo se pierde volumetría y valor. La consolidación no resuelve el fuera de ordenación", remarcó Ramón Trujillo, edil de IUC.

"Lo que se hace es cambiar el nombre del problema", sostuvo, por su parte, Eligio Hernández Bolaños, de Sí se Puede. José Ángel Martín fue incluso más allá: "No es la solución que quería adoptar el alcalde, que ha dado un giro copernicano en el urbanismo de Santa Cruz". "No hemos avanzado en nada", añadió el exedil de Urbanismo. Mientras, Enrique Rosales, portavoz de Ciudadanos (C''s), consideró que es un expediente "un tanto agridulce".

Garcinuño, sin embargo, sostuvo que "el cambio legislativo producido hace un par de años ha permitido que las edificaciones construidas legalmente y que se encontraban en el régimen de fuera de ordenación hayan pasado a estar en régimen de consolidación, lo que garantiza sus derechos".

Y sin dejar el PGO, el Pleno aprobó, con los votos de CC y PP, el denominado Tomo II.5 y la solicitud a la Comunidad Autónoma del levantamiento de la suspensión de los ámbitos afectados. Es decir, los suelos urbanizables que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) obligó a cambiar a rústico. Todos menos el denominado como Costa Cardón.

El documento aprobado ayer deja en suspenso las determinaciones de este ámbito, ante la existencia de un informe de la Secretaría del Pleno en el que se advierte de que la Corporación podría incurrir en responsabilidades patrimoniales si prospera un recurso contencioso interpuesto por un propietario de terrenos en la zona.

De nuevo, José Ángel Martín rechazó el argumento y remarcó que el acto recurrible sería el que se produciría en la Cotmac y, por tanto, sería este órgano el responsable. PSOE, Sí se Puede e IU votaron en contra. C''s se abstuvo.

También hubo un intenso debate, con intervención del portavoz de los afectados, Ángel Mesa, incluida, en relación con la problemática de las escuelas infantiles. Los padres han denunciado en los tribunales que la aprobación de la ordenanza y la fijación de tarifas fue posterior al proceso de inscripción. Ayer tuvieron el respaldo unánime de la oposición.

Finalmente, los grupos políticos adoptaron el acuerdo de intentar dar con una "solución legal", ante la imposibilidad de suspender la ordenanza -dos informes de los Servicios Jurídicos lo impiden-, como pedían la oposición y los propios padres.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, planteó como posible salida que los padres no liquiden la tasa correspondiente hasta que no se resuelva el contencioso. Un grupo de padres y madres, con sus hijos, permaneció en el salón de plenos desde las 9:00 hasta cerca de las 14:00 horas. Ajenos al conflicto, y para distender la sesión, los pequeños repartieron chupetes a los ediles.

Lo que unió la política lo rompió una bandera

Como no suele ser habitual, y menos en una sesión plenaria, sorprendió ayer la división que generó una, aparente, inofensiva moción presentada por la edil de Sí se Puede Yaiza Afonso. Su intención era que la bandera nacional canaria (la de las siete estrellas verdes) se izara durante la semana del 22 de octubre en la sede central del ayuntamiento, coincidiendo con su 52 aniversario. Y lo logró.

Aunque solo será un día, y no siete, Afonso consiguió su objetivo y, de paso, dividir el voto del grupo de gobierno e, incluso, el del grupo socialista. Nada que ver con el argumento con el que la defendió: "Es un símbolo de unidad del Archipiélago". Para el PP, en boca de José Carlos Acha, la bandera del Estatuto de Autonomía es la de todos los canarios. "No queremos otra, y menos aquellas que quieren romper la sociedad", dijo. Por si quedaban dudas, añadió: "Deja a las claras que Sí se Puede-Podemos son comunistas". Se le olvidó citar a Izquierda Unida.

Igual que Acha, Antonio Blanco, de Ciudadanos, dijo que esta enseña no ayuda a mantener la cohesión civil, sino que ahonda en el conflicto identitario. Toda una declaración de intenciones.

"Me siento identificado con ella por otras razones que no son el sentimiento independentista. La aprecio como un símbolo cultural", se confesó el portavoz del PSOE, José Ángel Martín. "He dado libertad al grupo", añadió. Y así fue. Florentino Guzmán se desmarcó del acuerdo. Elena Mateo, no.

Quienes, como José Ángel, se abrazaron a la bandera que hizo célebre el histórico líder independentista, ya fallecido, Antonio Cubillo, fueron los ediles de CC, incluido el alcalde. "Las banderas son lo que la gente quiere que signifiquen", subrayó José Alberto Díaz-Estébanez. "Esta es un símbolo de la identidad canaria", remarcó. Y que nadie se ofenda.

Ordenanza del taxi

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer la modificación de la ordenanza municipal del taxi y, con carácter inicial, el Reglamento de la Mesa del Taxi, después del proceso de negociación abierto entre el grupo de gobierno y los colectivos representativos del sector. Durante el periodo de alegaciones deberán resolverse las sugerencias que ha planteado el secretario del ayuntamiento en relación con la "representatividad" y con los miembros que deben componer el órgano de consulta. Sí se Puede e IU se abstuvieron por estas dudas y pidieron que formen parte de la Mesa los asalariados y las organizaciones de consumidores.

Tranvía de apoyo

La ampliación de la Línea 2 del tranvía volvió a generar polémica. El presidente de la asociación de pequeños y medianos empresarios de La Gallega (Alagapyme), Daniel Pérez, se mostró esta vez en contra de cualquier alternativa -en anteriores ocasiones había rechazado la vía de Los Majuelos- y defendió un plan de movilidad "sostenible", sin tranvía. Sus argumentos los recogió la oposición en pleno. Ayer también Ciudadanos. Los grupos volvieron a pedir diálogo, consenso... y también rechazo. CC y PP reiteraron su propuesta del pasado mes de abril: condicionan la ampliación a la partición y al estudio de alternativas. Con el debate en caliente, la primera teniente de alcalde, Zaida González, se sumó a la tesis del alcalde: mejor el trazado de Las Hespérides. El Cabildo de Tenerife prefiere la avenida de Los Majuelos.

otros asuntos

Machismo. CC y PP rechazaron una moción del PSOE sobre actuaciones específicas para prevenir el machismo en actividades deportivas.

Ayuda a domicilio. Se aprobó, enmendada, una moción de Sí se Puede sobre las trabajadoras de este servicio. "Se va a cumplir con la subrogación", dijo el alcalde.

Instalaciones. CC y PP rechazaron una moción del PSOE sobre la creación de un reglamento de uso de instalaciones deportivas. "Se trabaja ya en un reglamento general", precisó la edil de Deportes.

San Andrés. CC y PP también se opusieron a una moción de SSP sobre la creación de un refugio pesquero en San Andrés. Es competencia de otras administraciones, argumentaron.