Joaquín Astor Landete, presidente del tribunal que juzga el caso de Las Teresitas, dijo hoy al exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo que no se entiende que no fuera incluido en el expediente de compra de la playa de Las Teresitas el informe de valoración de los terrenos realizado por la exarquitecta municipal Pía Oramas.
El magistrado, que también preside la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pidió aclaraciones a Parejo, uno de los principales acusados en este presunto pelotazo, para quien la fiscalía pide ocho años de cárcel, los mismos que para el exalcalde Miguel Zerolo, ambos de Coalición Canaria.
Las dudas del presidente del tribunal se fundamentan en que el informe de tasación de Pía Oramas favorecía la posición del Ayuntamiento en la fijación del precio de compra del frente de playa a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
El informe de Pía Oramas valoraba los terrenos, por los que el Ayuntamiento pagó 52 millones de euros en 2001, en solo 19 millones, precio parecido a otras dos valoraciones en poder del consistorio que tampoco fueron incluidas en el expediente, realizadas por la Universidad Carlos III y la tasadora Pool Gest.
Las tasaciones que sí fueron incluidas por el Ayuntamiento en su expediente fueron las encargadas externamente a Sociedad de Tasación por 47 millones de euros y a Tinsa por 60 millones de euros.
La falta de un informe de la arquitecta municipal determinó la anulación de la operación de compraventa por parte del Tribunal Supremo en 2003, al no haberse respetado el procedimiento que garantiza que el precio fue correctamente fijado.
Manuel Parejo, que por segundo día declaró en el juicio, en esta ocasión a las preguntas de su defensa, indicó que el informe de Pía Oramas no era una tasación, sino un trabajo interno de la Gerencia de Urbanismo realizado en febrero de 2001 previo a la apertura del expediente de compraventa en abril, y por eso no se incluyó.
Las otras dos valoraciones de los terrenos en torno a los 19 millones de euros también eran "informes previos" internos realizados "para ir conformando la posición del Ayuntamiento" ante la negociación del precio, según Parejo.
Como esos trabajos no eran concluyentes y no permitían "fijar una posición concreta" al Ayuntamiento, se pensó que "sería bueno disponer de más información", y por eso se encargó primero un informe a Sociedad de Tasación y posteriormente otro a Tinsa, explicó Parejo.
El presidente del tribunal, que se dirigió al acusado tras concluir el interrogatorio su defensa, reiteró a Parejo que de todos modos no entendía que en el expediente se incluyeran sólo las tasaciones más favorables a la posición de los empresarios y se excluyeran las que beneficiaban al Ayuntamiento, aunque fueran informes previos.
Parejo admitió que los informes excluidos eran más favorables para los intereses del Ayuntamiento, pero insistió en que no permitían fijar una posición concreta.
El precio final de la compraventa, unos 52 millones de euros, fue finalmente impuesto por los empresarios en una reunión con el alcalde y con él mismo, ya que de lo contrario construirían en la playa, aseguró Parejo.
El exconcejal de Urbanismo no pudo precisar si la existencia de esas valoraciones más bajas era conocida por los funcionarios que elaboraron los informes favorables a la compraventa o a los portavoces de PP y PSOE, quienes también están encausados.
Admitió que los informes se conocían "en el ámbito" de la Gerencia de Urbanismo, pero no sabe si también en el resto del Ayuntamiento.
Después de Parejo declararon los entonces portavoces municipales del PP, José Emilio García Gómez, y del PSOE, Emilio Fresco, para cada uno de los cuales la fiscalía pide cuatro años de cárcel, quienes negaron haber tenido conocimiento de la existencia de esos informes con valoraciones reducidas.
"Si llego a haber sabido que había una tasación como la de Pía Oramas no me hubiera quedado de brazos cruzados", afirmó Emilio Fresco.
Señaló que el grupo socialista votó a favor de la compraventa porque su posición política era salvar la playa de la construcción, y bajo "la certeza absoluta" de que todo el expediente era correcto porque estaba avalado por las firmas de siete funcionarios y técnicos municipales, entre ellos el secretario y el interventor del Ayuntamiento.
La posición favorable del grupo municipal fue acordada por la ejecutiva local del PSOE y avalada en una asamblea local del partido, dijo Fresco, quien aseguró que solamente tuvieron 24 horas para revisar todo el expediente y posicionarse al respecto.
José Emilio García Gómez, entonces portavoz del PP, puesto al que, según explicó, llegó gracias al empresario Ignacio González cuando era presidente del partido en Tenerife, no quiso responder a las preguntas de la acusación popular ni de la acusación municipal, como han hecho hasta ahora el resto de encausados, pero en su caso tampoco quiso contestar a la fiscalía.
Declaró a preguntas de su defensa que a su entender el precio de compraventa estaba dentro de lo normal en el mercado y aseguró que no conocía las valoraciones de Pía Oramas, la Universidad Carlos III y Pool Gest porque no figuraban en el expediente.
Afirmó que tras conocer por el alcalde que los empresarios habían fijado el precio en 52 millones de euros convocó a la ejecutiva de su partido.
Nunca se plantearon dudas jurídicas ni urbanísticas sobre la operación, que además reportaba al Ayuntamiento una parcela hotelera que compensaba el precio de compra, así que no le tembló la mano para votar a favor en el pleno municipal ante el riesgo de que los empresarios "metieran la pala" en la playa, dijo.