El Ayuntamiento de Santa Cruz paralizó ayer, a última hora, el desalojo forzoso de una vecina del barrio de Uruguay, previsto para las 11:00 horas. La confusión sobre la situación fue tal que ni siquiera los dos agentes de la Unipol que se desplazaron al lugar para "colaborar" tenían conocimiento de la suspensión.

En principio, y según diversas fuentes municipales consultadas, el desahucio de Rosa Velasco, la inquilina del número 1 de la calle Gil Roldán, está suspendido hasta el viernes. Pero solo para que la Concejalía de Asuntos Sociales trate de buscarle una alternativa habitacional en este tiempo, porque la salida forzosa de la vivienda no tendrá marcha atrás.

Aunque Velasco insistió ayer en que ha realizado mejoras en los últimos tiempos en la casa para evitar que se moje, y que con otras obras se podría vivir sin problema, un informe de la Gerencia de Urbanismo, en el que se ampara el juzgado para decretar el desalojo, pone de manifiesto que el inmueble padece daños que no son compatibles con su habitabilidad.

"Que Urbanismo, que desconoce los arreglos que he hecho en la casa, me busque un piso como hicieron con los desalojados del barranco de Santos", remarcó la afectada tras conocer que su desahucio se había paralizado.

No será la Gerencia, sin embargo, la encargada de esa tarea. Lo hará Asuntos Sociales, a través del IMAS. Ayer, sin embargo, ninguna de las ofertas que le hizo la trabajadora social que sigue su caso desde hace años y que estuvo en la vivienda convenció a Velasco. "No quiero un piso compartido. Lo que me faltaba, que mis hijas que están estudiando para los exámenes finales tengan que compartir un piso", se quejó.

Óscar García, concejal del área, explicó que se está buscando un piso alternativo, para lo que se ha consultado también a Provivienda, entidad que colabora con el ayuntamiento.

La idea del consistorio es que si se logra una casa de este tipo Rosa Velasco y las dos hijas que viven con ella se trasladen con un alquiler social, "como ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado", sostuvo el edil de Asuntos Sociales. "Vamos a hacer todo lo posible para que haya una alternativa", insistió.

Velasco tuvo ayer el apoyo de miembros de las plataformas 29-E y Por la Dignidad. "Este es un tema que lleva años en litigio y que tratamos con el anterior concejal del Urbanismo, José Ángel Martín. Aquí hay responsabilidad del ayuntamiento por un desvío de aguas, una canalización con una empresa que lo hizo mal y esta señora se ve perjudicada por una cosa que no es culpa suya", dijo Eloy Cuadra. En concreto, la vivienda arrastra problemas desde la riada de marzo de 2002.

"Hay peritos que han declarado en sede judicial que la casa no tiene riesgo de derrumbe, que con una serie de reparaciones puede mantenerse como está. Entonces, no veo la urgencia y la insistencia de sacar a esta familia de esta casa", añadió Cuadra.

Concentración en el IMAS

Las plataformas 29-E y Por la Dignidad registraron ayer la solicitud de concentración que llevarán a cabo el próximo 8 de junio enfrente de la sede del IMAS. Una cita en la que no solo reiterarán la solicitud de dimisión del edil de Asuntos Sociales, Óscar García, sino que también pedirán un presupuesto en esta materia acorde a las necesidades del municipio.

"Mala gestión"

Ciudadanos (Cs) lamentó ayer el fallecimiento de un anciano de Ofra la semana pasada que, al parecer, vivía en una situación precaria de pobreza energética, con el suministro de luz cortado desde hacía al menos cinco meses. "Es inadmisible que a día de hoy se produzcan casos como este en el municipio por la falta de actuación de los servicios municipales", subrayó Evelyn Alonso.

En esta línea, desde la asociación benéfica San Miguel Arcángel, que atiende cada noche a personas sin hogar, criticaron la gestión que hace el IMAS con los "sintecho". "A excepción del concejal, el resto del personal no hace ni caso", apuntaron fuentes de esta entidad. "Lo extraño es que no haya más muertes", añadieron.