Aunque el procedimiento se encuentra suspendido hasta que los Servicios Jurídicos municipales emitan el informe correspondiente, el área de Servicios Públicos ha propuesto resolver el contrato con la empresa que explota el parquin público de El Corte Inglés por "incumplimientos graves" del pliego de condiciones.
Así lo avanzó ayer durante la comisión de control el director general de Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera, que compareció a petición de Sí se Puede.
Según figura en los informes municipales, el ayuntamiento adjudicó en 1998 la gestión del estacionamiento a la empresa Inversiones Parque S.A. y esta, a su vez, se lo cedió a El Corte Inglés sin la autorización del consistorio.
Pedro Arcila (SsP) recordó que el primer expediente, incoado en abril de 2016, se declaró caducado en septiembre de ese año. No obstante, ese mismo mes (12 de septiembre) se incoó el que ahora está en manos de los Servicios Jurídicos.
A juicio del portavoz de SsP, este expediente podría estar caducado también. Cabrera, sin embargo, matizó que el procedimiento está "en suspenso" hasta que se pronuncie la Asesoría Jurídica. El edil echó en falta, además, el dictamen del Consejo Consultivo, necesario al haber recurrido la empresa afectada, y llamó la atención sobre un aspecto que incluye el nuevo expediente: se propone ceder el parquin durante un año a El Corte Inglés con un canon "ridículo, sin que haya habido ningún proceso de licitación previa, y existiendo la posibilidad de que pueda ser recuperado por el ayuntamiento.
En esta línea, el edil de IU, Ramón Trujillo, llamó la atención sobre otro aspecto relacionado con la posible resolución del contrato: "¿En qué medida puede afectar a la licencia comercial de El Corte Inglés, vinculada a una cantidad de aparcamientos?".
Arteaga reconoció que no es "un expediente sencillo", que viene de una licitación anterior y con un pliego de condiciones "característico", y avanzó que la propuesta formulada va en aras de mantener el servicio de forma "temporal" hasta que se vuelva a licitar.
Respecto a las consecuencias que podría traer la anulación del contrato con la licencia comercial, el edil dijo que es un aspecto "ajeno" al área de Servicios Públicos".
Otro de los debates de la comisión de control tuvo como protagonista el Palacio de Carta. El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, anunció la puesta en marcha inminente del expediente para acometer la primera fase de las obras de rehabilitación integral del edificio BIC. La inversión total ascenderá a 1,2 millones.
Martínez desgranó la cronología de los acuerdos que han desembocado en la cesión del inmueble por parte del Gobierno de Canarias, y explicó los objetivos culturales, museísticos y turísticos que caracterizan la programación prevista.
También aseguró que las últimas actividades que se han desarrollado en el inmueble, alguna de las cuales ha generado polémica, contaban con la autorización del Ejecutivo canario y están contempladas en el plan director. "Es anecdótico que un día en dos meses se transmitiera un partido de fútbol", enfatizó.
Una cuestión que no convenció a la oposición. Elena Mateo (PSOE), solicitante de la comparecencia, denunció que el uso que se la ha dado el espacio "no ha sido museístico", y criticó que se haya cedido "para intereses privados y sin el informe preceptivo del Cabildo de Tenerife".
Pedro Arcila (SsP) dio un paso más e incidió en que "no existe" una política de Patrimonio Histórico en el consistorio, a pesar de tener más de 570 edificios catalogados. El edil advirtió de que, como mínimo, las obras se prolongarán durante más de un año y medio, y preguntó si existe "un plan alternativo" mientras tanto.
Reunión con Zerolo
La concejal de Presidencia y Organización, Marisa Zamora, confirmó ayer en una respuesta que le remitió a Izquierda Unida que se reunió dos veces con el exalcalde de la capital, Miguel Zerolo, en septiembre-octubre y en noviembre de 2015. Lo hizo, dijo, como con cualquier otro ciudadano que se interesa por un expediente. "Está privado para ocupar cargos electos, pero no se le ha privado de ningún otro derecho", añadió. Tras conocer la respuesta, IU reiteró su cuestionamiento para conocer qué información se facilitó a Zerolo.
Atención domiciliaria
"Quítese ya la camiseta de Eulen y póngase la de concejal". Así culminó Asun Frías (Sí se Puede) su intervención sobre la gestión de la citada empresa en el servicio de atención domiciliaria. La edil denunció, entre otros aspectos, incumplimientos del convenio colectivo. Óscar García, concejal de Atención Social, defendió el trabajo de Eulen y dijo que el ayuntamiento "controla" el servicio que presta. También remarcó que los sindicatos mayoritarios avalan la gestión y avanzó que se va a sacar ya a licitación el nuevo servicio por diez años. Lleva más de un año de retraso.
Escuelas infantiles
En otra comparecencia, Óscar García aseguró que el Ayuntamiento de Santa Cruz puso disposición del Gobierno canario, en 2011, suelo para construir una nueva escuela infantil, en este caso en El Sobradillo. Contaría con 78 plazas. "Siempre hemos tendido la mano para tener más plazas de infantil", dijo García. Sin embargo, no convenció a la oposición. Ramón Trujillo y Asun Frías remarcaron que "les gustaría" que el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, reclamara estos recursos con la misma vehemencia que lo hace con otros como la playa de Valleseco. "Falta sangre", dijo Frías.
Escuela en Cabo Llanos
El concejal de Sí se Puede Eligio Hernández considera que el colegio en Cabo Llanos es "una de las excusas" del grupo de gobierno para impedir el diálogo sobre la Ciudad de la Justicia. Es la conclusión a la que llegó ayer tras la comisión de control, en la que la concejal de Educación, Verónica Meseguer, no se presentó ni respondió por escrito a una pregunta sobre el caso.