"Los aspectos ambientales se integraron en el proceso de redacción del Plan General de Ordenación de Santa Cruz", aseguró ayer en un comunicado la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, que estudia recurrir la sentencia que anula el PGO. Ya lo ha hecho el Ayuntamiento capitalino, cuyo alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló ayer que en paralelo a la vía judicial iniciarán un proceso de "revisión y actualización del documento".

La Consejería que dirige Nieves Lady Barreto señala que la sentencia del TSJC "estima solo dos de los seis motivos de nulidad alegados por el demandante: uno afecta a la totalidad del plan y el otro a una parcela concreta".

El alcalde de Santa Cruz, además de pedir "tranquilidad" y dar "garantías de seguridad jurídica a las inversiones", porque el plan "está vigente mientras el Supremo resuelve el recurso", quiso darle "la vuelta al calcetín" para presentar la circunstancia adversa como "una oportunidad para revisar y actualizar el documento de ordenamiento urbanístico (la revisión de 2005) porque la ciudad ha cambiado mucho en estos años". Además de "incluir en él los ámbitos suspendidos, como el fuera de ordenación, y los planes especiales en desarrollo, un trabajo y un dinero que no se perderán".

Bermúdez resumió: "Es un varapalo jurídico, pero no a la ciudad, y espero que no se note en vecinos y empresarios si se desestima el recurso". Aludió el alcalde a la posibilidad de que "la nueva Ley de Suelo ayude a no tener que esperar otros 14 años de trámites para aprobar un plan. La Cotmac, con la nueva legislación, pasa a un segundo plano y en el ayuntamiento empieza y acaba el trámite".

La Cotmac fue objeto de la crítica del alcalde, aunque recalcó que "sus informes, como los nuestros, administrativos y jurídicos, coinciden desde 2006 en que todo estaba dentro de la legalidad porque debería ser un ente garante de la legalidad, incluidos los aspectos ambientales".

Bermúdez concluyó: "Siempre he tenido en cuenta los informes y si no lo hubiera hecho habría caído en prevaricación. Antes y ahora todas las acciones tienen como base el interés general".

Y en esta línea se manifestó la concejal de Urbanismo de la capital tinerfeña, Zaida González, quien incidió en que la sentencia "no es suspensiva", por lo que "todas las cuestiones que están en marchan, siguen".

En declaraciones en Radio El Día, González reconoció que el documento urbanístico ahora anulado por el TSJC era "mejorable" desde el minuto uno, y por eso la Gerencia ya trabajaba en su modificación, pero advirtió de que la línea que seguirá el ayuntamiento no será la de empezar "un PGO desde cero". "Hay una parte que no tiene discusión, que está bien aprobada", recalcó.

González subrayó que "la ciudad tiene que reponerse a los fallos judiciales de los últimos meses", y, como el alcalde, apeló a la nueva Ley de Suelo para "agilizar" la tramitación del nuevo documento.

"Buen momento para redactar un nuevo planeamiento"

El portavoz municipal socialista, y edil de Urbanismo en la etapa en la que se aprobó el PGO de manera parcial condicionada, José Ángel Martín, calificó ayer como una "pésima noticia" para la capital la sentencia del TSJC, "porque vuelve la polémica cuando parece que se había pacificado el planeamiento".

Para Martín, este fallo tiene un responsable: el exacalde Miguel Zerolo. "Es un suma y sigue de sus gobiernos. Parece que tenemos que sufrir la herencia más negra y gestionarla los que tenemos ahora responsabilidades", añadió.

El edil del PSOE reconoció que "no le ha sorprendido el fallo del TSJC", y aunque auguró que el Tribunal Supremo hará lo mismo, mostró su apoyo a la decisión del ayuntamiento de recurrir, "sobre todo porque es peor el planeamiento de 2005 que lo que teníamos ahora, aunque fuera una aprobación parcial". Eso sí, remarcó que "se debe iniciar, sin más dilación, la redacción de un nuevo planeamiento". "Estamos en un momento que se puede ver como una gran oportunidad para no cometer los mismos errores del pasado y abrir un debate sobre el modelo de ciudad que queremos, en el medio y el largo plazo, con el mayor consenso entre las fuerzas políticas y los ciudadanos", subrayó. Es decir, una "oportunidad" para "cerrar debates" que hay abiertos como la necesidad de suelo industrial, la convivencia de este con el residencial que soportan muchas zonas, sobre todo en el Suroeste, el modelo turístico y el modelo del litoral, entre otros.