Los asuntos sociales y en concreto las ayudas básicas a los más desfavorecidos en cuanto al servicio prestado, los plazos, las agendas (abiertas o cerradas) de las trabajadoras sociales y la gestión en las UTS centró la Comisión de Control de ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz. La presidió el honorable concejal Juan José Martínez, metódico en los tiempos, severo cuando tuvo que serlo para llamarle varias veces la atención al público y ligeramente despistado al llamar en dos ocasiones "señorita Blanco" a Elena Mateo, del PSOE, tal vez por la presencia de Antonio Blanco, de Ciudadanos, muy cerca de esta.

El concejal de Atención Social Óscar García acudió a los números y se encontró con el ataque de la oposición. Cifró en 17.000 las familias atendidas por el IMAS y rechazó un peor servicio "porque va a mejor" aunque reconoció que hace falta más personal. Junto a Elena Mateo (PSOE) y Asun Frías (SsP) protagonizó el debate más intenso y algo agrio al tratar sobre el bono o tarjeta social, porque "dos años después seguimos esperando".

García anunció medidas, algunas ya en marcha, para mejorar: un acuerdo con Emmasa para pagar las ayudas de agua juntas hasta 300 euros; atender dos días en Ofra, en un proyecto piloto, solo para gestionar consultas y un retén diario con una trabajadora para valorar los casos que se presenten. Insuficiente para la oposición.

"Sigue mintiendo y se escuda en los números fríos, pero hay una realidad social de necesidades sin atender detrás". Así se expresaron desde la Plataforma 29-E, que ayer convocó a varios afectados a protestar durante la intervención del concejal de Asuntos Sociales. Entre ellos, Rosa María a la que, asegura, deben "la ayuda para el alquiler hace cuatro meses" lo cual originará "un nuevo desahucio de una vivienda en el Suroeste". También desde allí llegaron María del Cristo y Sofía. La primera (UTS de Barranco Grande) está "pendiente hace meses de la ayuda para el termo. No son ciertos los plazos que ha dado el concejal porque no cuenta desde la entrega de la documentación, sino cuando te visitan. Y pueden pasar cinco meses". Sofía (UTS de Añaza) explica: "Es mentira que el plazo medio de espera sea de mes y medio. Se acerca mucho más a los 90 días. Y lo de 15 a 45 en los casos urgentes tampoco es verdad, porque tengo esa condición por mi hija con discapacidad y ni por asomo se cumple el plazo que dice".

Hoja de ruta

Dámaso Arteaga, edil de Servicios Públicos, insistió en la hoja de ruta para establecer una ratio de 732 taxis "en 2019" y dejó claro que "hasta que culmine el proceso de rescate de licencias no se pueden destinar créditos previstos para ello al tanteo". Este año se han cubierto 53 de las 71 plazas ofertadas y el edil recordó que "el rescate puede realizarse sin ninguna exigencia de plazo".

Protocolo, ¿sí o no?

Zaida González, concejal de Seguridad, defendió que "Santa Cruz es uno de los municipios canarios más avanzados en seguridad antiterrorista" aunque no aclaró si existe o no un protocolo, algo denunciado por los sindicatos.

Ejecución subsidiaria

Sí se Puede cuestionó a González (ahora como edil de Urbanismo) sobre "el susto producido a los vecinos de Los Verodes" con el precio de la ejecución subsidiaria del arreglo de un muro. Señaló que se han cumplido los trámites y se ha reunido ya con los afectados.

De "muerta a abierta"

En el debate sobre las terrazas, José Alberto Díaz Estébanez acuñó la idea de "una ciudad que ha pasado de muerta a abierta". Valoró que la dinamización genera riqueza y empleo. La socialista Mateo puso el ejemplo de la plaza de San Francisco ,por donde aveces "no se puede ni pasar". Todos coinciden en equilibrar el ocio con descanso y accesibilidad.