El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, defendió ayer el trabajo de la concesionaria de limpieza y aunque reconoció que hay "ámbitos de mejora", defendió que la capital es una "ciudad limpia".
En el transcurso de la comisión de control, y en un debate marcado por las "sensaciones" de los intervinientes, el edil rebatió los argumentos de la oposición en pleno (PSOE, Ciudadanos, Sí se Puede e IU) y sostuvo su afirmación con los datos de la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 2015, "que ponen de manifiesto que la ciudadanía aprueba la gestión que se realiza en el municipio en materia de limpieza".
"No obstante, nuestro objetivo es alcanzar una mejora continua de este servicio hasta conseguir que esa valoración sea incluso notable", añadió. Parte de los problemas que impiden llegar a esa nota los achacó a las "40.000 mascotas que salen dos o tres veces al día a la calle".
Para lograr este propósito -una mejora valoración-, incidió, "el ayuntamiento está licitando un nuevo contrato del servicio de limpieza, con nuevas formas de control de la gestión de la empresa que resulte ganadora del concurso y que supondrá, además, una renovación total del equipamiento e importantes mejoras en la prestación del servicio que se realiza en la actualidad".
En este sentido, el edil de Servicios Públicos detalló que en 2016 se atendieron unas 4.100 incidencias, muchas aportadas por el propio servicio, y avanzó que ahora mismo hay 20 expedientes sancionadores en curso por, entre otros asuntos, orinar en calle, grafitis y rotura de contenedores.
Los argumentos de Arteaga no convencieron, en cualquier caso, a los miembros de la oposición. Evelyn Alonso, edil de Ciudadanos, grupo que solicitó la comparecencia, subrayó que hay "mucho que mejorar", porque lo que nos llega "no es que la ciudad esté limpia".
Alonso recordó que ya se ha multado a la empresa en varias ocasiones por incumplimientos y defendió que en este asunto se trabaje de manera "transversal", porque no solo es cuestión del servicio, sino también de concienciación ciudadana.
En una línea similar se manifestaron Pedro Arcila (SsP) y José Ángel Martín. "Hay cuestiones del convenio que no se cumplen", dijo el primero, que pidió también más inspectores. "La sensación es que la ciudad no está todo lo limpio que debiera. Y tengo miedo de cómo va a evolucionar el nuevo contrato", sostuvo el segundo.
Otro de los debates de la comisión de control tuvo como objeto el desarrollo de la playa de Las Teresitas. La concejal de Urbanismo, Zaida González, invitó a a los grupos de la oposición a sumarse a la alternativa que ofrece la Ley de Suelo para que, conjuntamente con el Cabildo de Tenerife, se pueda abordar a la mayor brevedad una renovación y modernización de lo sistemas generales de la playa de Las Teresitas.
Frente a ello, las dudas expuestas por José Ángel Martín, portavoz socialista, que advirtió tanto de que la titularidad de los terrenos está aún en litigio, como de la existencia de informes que advierten de que aún no se debería actuar en la zona.
"Quieren involucrar al PSOE para actuar luego sobre hechos consumados", se quejó Martín. Ramón Trujillo (IU) y Pedro Fernández Arcila (SsP) solicitaron más participación en un asunto "de enorme sensibilidad".
Según el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, el número de inscritos como demandantes de vivienda protegida de promoción pública, en régimen de alquiler, a fecha 8 de noviembre de 2017, asciende en la capital a 2.261.
Así figura en una respuesta por escrito enviada al grupo socialista por la concejal de Vivienda de Santa Cruz, Carmen Delia Alberto, en la que se especifica también que la citada concejalía "no tiene" conocimiento de la disponibilidad de viviendas públicas vacantes en estas condiciones en el municipio.
Por otro lado, el concejal de Atención Social, Óscar García, informó ayer durante la comisión de control que el consistorio destinó en 2016 más de 281.000 euros para hacer efectivas 2.064 ayudas económicas directas a familias sin recursos propios para sufragar el suministro eléctrico en sus hogares.
En el transcurso de una comparecencia solicitada por Sí se Puede, García avanzó también que en 2017 se han gestionado 1.292 ayudas por un importe global de 180.000 euros y, en estos momentos, están en proceso de pago 34 ayudas más, y solo hay siete solicitudes en tramitación".
Asun Frías, sin embargo, criticó que desde el ayuntamiento no se haya cumplido con la moción aprobada en julio de 2016, en la que se pedía firmar un nuevo convenio con Endesa para evitar los cortes de luz a personas con escasos recursos. "Lo han hecho en Las Palmas de Gran Canaria y aquí no", se quejó Frías, quien remarcó que se siguen produciendo cortes de electricidad.
Por otra parte, el concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, explicó que el consistorio reducirá la tasa de interinidad de su plantilla laboral hasta situarla en torno al 15 o al 20%. "El objetivo es aprovechar al máximo los límites legales establecidos en los PGE", subrayó.