"Este es un proceder que pone de manifiesto la forma de actuar de nuestro ayuntamiento". Así se refirió ayer José Luis Arias Machuca, el abogado que defiende los intereses de tres de los cinco informáticos de Santa Cruz Software despedidos por el consistorio, a los más de 7.500 euros que debe abonar la administración local en concepto de costas procesales por un conflicto que, a su juicio, se podía haber evitado.
Como se recordará, los cinco empleados de la citada empresa fueron despedidos en 2011, y, aunque en principio los tribunales le dieron la razón al ayuntamiento, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentenció que debían ser readmitidos en su puesto de trabajo.
Sin embargo, el consistorio no solo no cumplió con ese fallo judicial, sino que no abonó los salarios que les correspondían. Por ello, el letrado de tres de los afectados se vio obligado a reclamarlos por vía ejecutiva, y de ahí devienen ahora los costes del proceso.
Según indicó ayer Arias Machuca, el ayuntamiento, en un decreto del concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, fechado el pasado 28 de diciembre, concluye que por el procedimiento ejecutivo citado se consigna la cantidad de 7.506,53 euros por costas procesales.
"Es un extremo que enmascara la total incompetencia de un departamento de Recursos Humanos", subrayó el letrado que defiende los intereses de los informáticos, quien recalcó que las costas no se producen por el procedimiento judicial en sí, "sino por haber tenido que forzar que se cumpla con lo que de una manera totalmente irresponsable no se ha cumplido", esto es, una resolución judicial firme.
"Si se hubiera cumplido con la sentencia firme no se habrían devengado costas", enfatizó Arias Machuca, quien reconoció que "como ciudadano" está "decepcionado" porque ese dinero se podía haber utilizado para fines más necesarios. "El ayuntamiento, por ser ente público, disponía de dos meses sin que se pudiera solicitar costas por parte del despacho para cumplir la sentencia y aún así no la ha hecho, habiendo transcurrido más de nueve meses desde su fijeza", añadió.
El letrado confirmó que, en su caso, los honorarios que se devengan de esta ejecución, descontando los gastos de despacho, serán donados a una fundación.
Desde el área de Recursos Humanos y Hacienda, el concejal responsable, el mencionado Juan José Martínez, consideró "normal" la condena en costas, pues ocurre en todas las ejecuciones de lo social por no cumplir en plazo las condenas de cantidad.
Según manifestó Martínez, el procedimiento administrativo en Recursos Humanos e Intervención implica dos meses de tramitación.
En la demanda que presentaron los trabajadores despedidos ante el Juzgado de lo Social Número 1 alegaban que "habían sido objeto de una cesión ilegal de mano de obra a favor del ayuntamiento y de un despido que debía calificarse como nulo".