El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, aseguró ayer que "no permitirán" que el Cabildo de Tenerife impugne el catálogo de inmuebles recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) "vía licencia".
Lo hizo en el transcurso de la comisión de control celebrada ayer, en la que se debatió hasta en tres comparecencias, a petición de Ciudadanos, PSOE y Sí se Puede, sobre el conflicto entre el consistorio y la Corporación insular a cuenta de la protección de varios edificios de la calle Miraflores.
Tarife no solo defendió la "competencia y potestad normativa" del ayuntamiento para conceder licencias conforme al PGO vigente, "frente a decisiones de terceras administraciones que contravienen tales preceptos", sino que advirtió de que el consistorio "mantendrá vivo" el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del área insular de Patrimonio de paralizar la demolición de uno de esos inmuebles, que no figura entre los catalogados en el PGO. "Solo queremos que se aclare la aplicación del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias", dijo.
El edil remarcó que el ayuntamiento "está abierto al diálogo" con el Cabildo en este y otros asuntos, pero indicó que es necesario que un órgano jurisdiccional aclare la cuestión, "en aras a garantizar la seguridad jurídica de las decisiones municipales".
El concejal de Urbanismo señaló que el citado inmueble, ubicado en la calle Puerta Canseco, no cuenta con protección al no estar catalogado en el planeamiento vigente, y que, por tanto, la licencia de obras concedida al particular está ajustada a pleno derecho.
"Con la decisión de recurrir la medida del Cabildo, el ayuntamiento no está defendiendo los intereses de un particular, sino los derechos de los vecinos de la ciudad. Lo que no puedo hacer es no aplicar el Plan General vigente", añadió Carlos Tarife, quien lamentó que el Cabildo no hubiera comunicado previamente al consistorio su decisión ni evacuado ningún informe al respecto.
También recordó que el Cabildo no recurrió en su momento el PGO, cuando sí se podía ampliar el catálogo de edificios catalogados. "No actuaron con la valentía que lo hacen ahora contra el vecino", se quejó Tarife. Su compañero de Gobierno, José Alberto Díaz Estébanez, le secundó: "Hay que proteger lo que está catalogado. Proteger no es no derribar".
La oposición, sin embargo, no compartió casi ninguno de los argumentos de Tarife. A juicio de Enrique Rosales, "no existe voluntad de diálogo del consistorio con el Cabildo", mientras que Ramón Trujillo, de IUC, remarcó que hay que buscar soluciones para proteger "lo que se pueda y reparar el daño que se ha hecho".
En esta línea, Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede, consideró que la "ocurrencia" de acudir a los tribunales es "una huida desesperada", y subrayó que no hay "ni un solo inmueble" de los arquitectos Antonio Pintor, Domingo Pisaca y José Enrique Marrero Regalado que no esté protegido. De ellos son los de Miraflores.
"El catálogo está vivo. Nadie está diciendo que deje de dar licencias. El Cabildo quiere proteger sin competencias y el ayuntamiento, que las tiene, da su espalda a su patrimonio artístico", indicó, por su parte, la edil del PSOE Elena Mateo.
Sobre este asunto también se manifestó la concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, quien pidió que no se confunda a los vecinos con la falsa idea de que Santa Cruz desprotege su patrimonio, "cuando es exactamente al contrario: protegemos, rehabilitamos, divulgamos y concienciamos".
En una comisión de control con bastante participación, el concejal de Urbanismo también se refirió a la tramitación del Plan Especial de El Toscal, un documento que, según anunció, saldrá a exposición pública la semana que viene.
En una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista, Tarife avanzó que a partir de la aprobación del Plan Especial se habrá de redactar la elaboración de un Plan Director de equipamientos, que será el documento que, en la práctica, determine las actuaciones a realizar sobre el terreno. "Será la máxima urgencia", aseguró.
En este sentido, el edil de Urbanismo se comprometió a agilizar la redacción de ese Plan Director, como también a buscar la financiación precisa en otras administraciones públicas para concretar las actuaciones que se contemplan sobre el papel. "El PEP de El Toscal, sin ficha financiera, es un mero papel", reconoció.
Tarife sostuvo, ante las preguntas de la oposición, que el documento que saldrá a exposición pública es "idéntico" al aprobado originalmente el año 2015, pero incorpora la subsanación de la treintena de reparos observados por el Cabildo.
El nuevo trámite de exposición pública, recalcó, obedece a un informe elaborado hace unos meses por el secretario del Pleno, en el que se aconsejaba retrotraer el procedimiento a este punto para evitar vicios de anulabilidad.
Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, consideró el anuncio de Tarife "una buena noticia", aunque reconoció que se ha retrasado mucho la ejecución de obras públicas. "Hay que darle prioridad y hay que conocer la ficha financiera y la colaboración que se pueda recibir del Cabildo u otras instituciones", añadió.
"Fallo humano" en el tiovivo de Navidad
La concejal de Organización y Participación Ciudadana de Santa Cruz, Marisa Zamora, atribuyó ayer a un "fallo humano" el incidente registrado durante las pasadas fiestas en un tiovivo instalado en la plaza de la Candelaria, en el que resultó herida una niña. Respondió Zamora en ausencia de la edil de Fiestas, Gladis de León, que compartía respuesta en la comparecencia solicitada por IUC con la edil de Seguridad Zaida González. La edil de Participación Ciudadana aseguró que la atracción tenía "todos los certificados y permisos". Sin embargo, González sí reconoció que el remolque que debía transportar el tiovivio no había pasado ninguna ITV. Eso sí, aclaró que tras tener conocimiento por parte de la Policía Local de la ausencia de la correspondiente inspección técnica, "fue una grúa" la que trasladó la atracción.
Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos
El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, dijo ayer que la decisión de la Consejería de Presidencia sobre la instalación de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos condicionará la ubicación del futuro colegio y del aparcamiento público. "Si va a El Sobradillo, seguiremos peleando por que el colegio se quede en la parcela actual; y si acaba en Cabo Llanos, el centro irá en el solar detrás de las Torres", explicó.
García reconoce que se perdió una subvención
El concejal de Atención Social, Óscar García, confirmó ayer la información avanzada el miércoles en este periódico, en relación con la pérdida de una subvención del Cabildo de Tenerife destinada a personas en situación de riesgo social. Lo denunciaba la edil del PSOE Elena Mateo. García dijo que las subsanaciones que pedía la Corporación insular se presentaron "fuera de plazo". La ayuda ascendía a unos 20.000 euros. Con todo, el concejal defendió el "esfuerzo" del IMAS en 2017, que permitió gestionar 5,4 millones para PEAS.
Ampliar el parque municipal de viviendas
La concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto, informó ayer en la comisión de control que su área contempla la posibilidad de ampliar el parque municipal de viviendas y responder a la nueva demanda habitacional. "Estamos analizando algunas parcelas para determinar la viabilidad de nuevos proyectos, que serían de vivienda protegida en régimen de arrendamiento", dijo. Los datos de 2017 reflejan que el parque municipal consta de 1.525 pisos, 498 garajes y 56 locales.