Vecinos y comerciantes de la calle Puerta Canseco, en la capital tinerfeña, expresaron ayer su malestar, en algunos casos con bastante efusividad, por la decisión del área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife de paralizar las obras de demolición de un edificio en la citada vía, situada en el entorno de la calle Miraflores.

La decisión se produjo a finales del pasado mes de diciembre, y, como consecuencia de ella, la calle sigue cerrada al tráfico rodado, una circunstancia que ya ha generado pérdidas económicas para los comercios de la vía y varias incomodidades a los residentes. Entre otras, dificultades para acceder a determinados garajes y "circulación agresiva" de motos por encima de la acera.

Así se lo expuso ayer un grupo de afectados a los concejales del grupo de gobierno -todos del PP- Zaida González, (Seguridad), Carlos Tarife (Urbanismo) y José Carlos Acha (Distrito Centro-Ifara), en una reunión que mantuvieron junto al inmueble que ha generado el conflicto.

En ella, González -ayer llevó la voz cantante- aseguró que no solo entiende, sino que comparte la preocupación de vecinos y comerciantes, y recalcó que el responsable de tal parálisis es el "intervencionismo" del Cabildo, al bloquear una licencia municipal "absolutamente legal y ajustada a derecho". Por eso insistió, ante las preguntas de los afectados, en que cualquier reclamación patrimonial tiene que ir dirigida a esa administración.

La concejal de Seguridad, que firmó la licencia del conflicto cuando todavía ejercía como edil de Urbanismo, sostuvo que el edificio en cuestión no está catalogado, como tampoco lo están otros de la zona, por lo que seguirán concediendo aquellos permisos que se soliciten.

"No lo entiendo"; "los propietarios no van a mantener algo que se cae a pedazos"; "esto es una cuestión de salubridad"; "ahí dentro debe haber de todo", resumieron varios de los residentes en la zona, que alertaron también del peligro de derrumbe de la parte del edificio que queda aún en pie.

Y en esta línea, otro argumento más para defender la intervención en esta parte de la capital: "Todo esto da mala imagen para los turistas que regresan del mercado". Zaida González lo secundó: "Esta zona se tiene que revitalizar. Si alguna vez tuvo un valor, ahora no lo tiene".

Para concluir, dos afirmaciones más de los vecinos: "Es importante apretar en las reuniones sobre la opinión de los técnicos" y "se agradece la reunión, porque son los únicos que han venido".

Frente a esta postura, la mostrada ayer por la consejera insular de Patrimonio, Josefa Mesa. "Las medidas cautelares que ordenó el Cabildo se podían levantar por el ayuntamiento al día siguiente de haberlas puesto. Solo tenían que justificar que no hay razón, porque es competencia municipal", aseguró la consejera, quien añadió que esas cautelares "quedan anuladas a los treinta días de haberse presentado, salvo que el Juzgado, al que el ayuntamiento ha elevado el asunto, diga lo contrario".

Es decir, que una vez que pasen los treinta días, "los promotores pueden seguir trabajando". "Nosotros no paramos la obra, sino por el hecho de que pudiesen valorar la catalogación de esos inmuebles, tal y como se le ha propuesto al ayuntamiento en numerosas ocasiones", insistió Mesa, quien remarcó que el Cabildo "en ningún momento quiere repercutir" sobre la urbanización de la zona.

Reunión "al más alto nivel" en unos días

Fuentes municipales e insulares confirmaron ayer que la próxima semana, o como mucho la siguiente, se celebrará una reunión "al más alto nivel" en el Cabildo para abordar el conflicto que se ha generado entre la Corporación insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz en relación con el patrimonio. Aunque no hay fecha cerrada, la idea es que en esta cita estén el alcalde y el presidente del Cabildo, entre otros.