El grupo socialista solicitó ayer al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz que "aclare" la situación del foto-rojo de la avenida San Sebastián, que está operativo desde este jueves, 1 de marzo.
El portavoz municipal, José Ángel Martín, explicó que los dos semáforos que regulan este cruce están "mal configurados" y, por tanto, la instalación de un elemento de control como el foto-rojo "puede provocar" retenciones en ese cruce o, incluso, "infracciones involuntarias" de la normativa de tráfico.
La advertencia del portavoz socialista coincidió con la publicación en Twitter, por parte de la Policía Local de Santa Cruz, de un vídeo de las infracciones cometidas durante el período de prueba. En concreto, entre el 19 de enero y el 28 de febrero, algo más de un mes, se cometieron 952 infracciones por parte de otros tantos conductores. Y en las primeras 24 horas de funcionamiento real se detectaron otras 21, que esta vez sí conllevarán sanción.
Martín aclaró que "el Reglamento General de Circulación es muy claro en este aspecto: al haber dos semáforos, para seguir recto hay que obedecer al de la izquierda, que en ese cruce tarda más en ponerse en verde". Sin embargo, añadió, "muchos vehículos, incluyendo guaguas de Titsa, siguen recto con la luz de la izquierda en rojo".
El artículo 132.3 de la citada norma especifica que, si existen semáforos o señales verticales de circulación con indicaciones distintas a la derecha y a la izquierda, quienes pretendan girar a la izquierda o seguir de frente sólo deben obedecer las de los situados a su izquierda.
El grupo socialista llevará a la concejala de Seguridad, Zaida González, a la próxima comisión de control para que explique cómo puede afectar la configuración de estos semáforos al tráfico en la zona tras la puesta en marcha del foto-rojo. "Cientos de conductores cada hora desobedecen al semáforo en este cruce sin saberlo, ya que está mal configurado", comentó Martín.
En esta línea, el concejal Andrés Martín Casanova recordó que "el sistema del foto-rojo está en entredicho tras varias sentencias del Tribunal Supremo en contra del sistema". "Aunque la concejal no deja de defenderlo, su presencia provoca cierta inseguridad jurídica puesto que los problemas no tienen que ver con quién pone la multa, un policía o una máquina, sino con el control metrológico del dispositivo", indicó.
Martín Casanova se mostró preocupado ante un posible "aluvión de denuncias que bloquee los servicios jurídicos y que el consistorio tenga que pagar las costas con el dinero de todos". Y recordó al respecto que las sanciones pueden alcanzar los 200 euros de multa y 4 puntos de retirada del carné.