El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado un recurso interpuesto por los condenados en el caso del mamotreto de Las Teresitas con el que pretendían evitar la demolición de una parte del edificio de aparcamientos construido en la playa, cuyo derribo fueron sentenciados a sufragar de su bolsillo.
Los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, la extécnica de infraestructuras Loreto Ariz y el funcionario de urbanismo Epifano Gómez, que fueron condenados en este caso a penas de prisión e inhabilitación y a costear el derribo del mamotreto, pidieron al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una modificación urbanística para que se pudieran legalizar parte de las obras.
Con ello evitaban la demolición de esa parte, pero el Ayuntamiento no accedió y la justicia ha rechazado en primera instancia el recurso contra esa decisión municipal.
Los afectados, que han sido condenados en costas, han recurrido la sentencia en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, según ha informado el órgano judicial.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo entiende que la decisión sobre la legalización es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y no un "derecho subjetivo" de los condenados.
El fallo señala que la demolición se acordó en la vía penal y hay un auto del juzgado de lo penal que conmina al Ayuntamiento a la "demolición total de la obra".
Para el juzgado de lo contencioso, es paradójico que los condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas sean los que acudan a los tribunales en defensa del patrimonio municipal.