El Ayuntamiento de Santa Cruz afirmó ayer que "acata" la decisión del Tribunal Supremo, que ha inadmitido el recurso de casación presentado tanto por el Gobierno de Canarias como por el propio Ayuntamiento a la sentencia de anulación del Plan General de Ordenación (PGO), dictada en julio de 2017, si bien confía en que la línea argumentativa defendida prospere ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde igualmente ambas administraciones están pendientes de la resolución de sendos recursos.
El consistorio advierte de que el procedimiento judicial abierto en torno al PGO no se ha consumado y, por tanto, aconseja "prudencia" y "serenidad" hasta que el TSJC se pronuncie finalmente.
En ese sentido, recuerda la plena vigencia y efectividad del planeamiento urbanístico, establecido en el PGO de 2013, así como la seguridad jurídica de cuantos actos, licencias y determinaciones se hayan adoptado y se adopten en la materia hasta el esclarecimiento definitivo del proceso judicial abierto.
Martín (PSOE) cree que se deberían parar los trabajos que se hacen para actualizar el plan
Sobre este asunto, Ciudadanos exigió ayer al equipo de gobierno que "depure responsabilidades políticas por la anulación del PGO.
Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Martín, indicó que el ayuntamiento debería haber centrado todos sus esfuerzos en la redacción de un nuevo Plan General desde el principio.
"Un PGO que podría haberse consensuado con todos los grupos de la oposición. Sin embargo, ahora ya no es una decisión que corresponda al equipo de gobierno saliente, sino al nuevo grupo de gobierno que saldrá de las elecciones de mayo. Por lo tanto, deberían paralizar cualquier trabajo relacionado con este plan", añadió.