El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, reclamó ayer a inversores y al sector de la construcción "responsabilidad y tranquilidad" en todos los ámbitos, a pesar que la ratificación de nulidad del Plan General de Ordenación de 2013 decidida por el Tribunal Supremo (TS) el pasado viernes. En esta línea apuntó que a pesar de la situación que se ha creado, en ningún momento existe "un vacío jurídico o limbo normativo" y que en caso de que el recurso sobre los ámbitos ambientales corregidos interpuesto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no fuera tenido en cuenta, la normativa la fijaría el PGO de 2005.

Así lo aseguró el representante de la federación en una rueda de prensa celebrada en la sede de Fepeco, en Santa Cruz, tras un encuentro informativo entre constructores e inversores y el concejal y gerente de Urbanismo, Carlos Tarife y Roberto Remiro, respectivamente, y la secretaria delegada de los Servicios Jurídicos de la Gerencia, Belinda Pérez.

Izquierdo resaltó que la situación "ni es deseada, ni fácil y cómoda", reclamando "responsabilidad" a todos los agentes que se pueden ver implicados, ya que "no es momento de buscar culpables". Trasladó, además, que en ningún caso "existe vacío jurídico ni limbo normativo" y que las explicaciones del edil y sus técnicos han convencido a los empresarios e inversores que han estado presentes en la reunión. Sobre todo ello dijo que "lo peor es crear artificialmente incertidumbre", invitando a la sociedad a que vea el PGO de 2005, el que prácticamente se está desarrollando, "como una gran oportunidad de corregir errores".

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, reiteró que el ayuntamiento está a la espera del recurso interpuesto al TSJC, y recordó que "no nos hemos parado" porque este mes "se llevará el cronograma de la revisión del nuevo PGO al pleno capitalino". Si finalmente no se admite el documento anulado se seguirá aplicando el PGO de 2005, que los técnicos "lo ven mucho más práctico que el suspendido" y no hay mucha diferencia.

Belinda Pérez, desde el punto de vista jurídico, remarcó que "el PGO 2013 sigue vigente porque no hay una sentencia firme", destacando que las licencias expedidas desde julio de 2017, cuando el TS dictó a la anulación, tienen todas la garantías jurídicas "aunque se anule definitivamente", porque hay jurisprudencia y se regirían por el PGO de 2005, que no tiene importantes modificaciones.

El gerente de la Gerencia de Urbanismo, Roberto Remiro, apuntó que si finalmente el PGO 2013 es anulado definitivamente, "los planes parciales y especiales suelen decaer", pero puso en valor supuestos de la legislación canaria que permitirían sus desarrollos "al tener autonomía funcional".

No quiso esconder, en cambio, que proyectos en los que pueden existir dudas acerca de "la autonomía funcional", como es el Plan Especial de Las Teresitas, "podrían decaer en base a la anulación definitiva del PGO de 2013". No obstante resaltó que todo eso está aún por producirse.

Por último, Óscar Izquierdo añadió que una de las consignas que la gerencia ha dado a los inversores e interesados en cualquier cuestión urbanística o de licencia es que puede saldar sus dudas reclamando información a Urbanismo, que "dará una respuesta por escrito a la información demandada, y eso es vinculante", resaltó ante el concejal Carlos Tarife, que confirmó la iniciativa.

¿Cuándo Santa Cruz tendrá un nuevo PGO de 2013 que está proyectando como revisión la gerencia? "Nunca menos de tres años", aseguró el propio Tarife.

Falta de evaluación ambiental y estado de indefensión

La responsable de Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, Belinda Pérez, fue cuestionada por los motivos por los que el TS ha anulado el documento urbanístico de 2013. Sobre ello, y de forma muy resumida y general, la técnico explicó que la sentencia de julio de 2017 apuntaba que el motivo fundamental que justificaba la anulación se reducía a la falta de evaluación ambiental en algunos ámbitos. A renglón seguido añadió que en este asunto no se dio ni al Ayuntamiento de Santa Cruz ni al Gobierno de Canarias la posibilidad de alegar contra los motivos de la sentencia, sugiriendo que se ha provocado un estado de indefensión. Apuntó que las alegaciones recogen un contenido ambiental más que suficiente, dejando en espera el pronunciamiento final del TSJC.

Comprobaciones de planes parciales y especiales

Roberto Remiro destacó casos como el Plan General Especial de Las Teresitas y las posibles consecuencias de la anulación. Dijo que es un desarrollo ordenado por el PGO de 2013, explicando que "en el caso de que la anulación sea firme habría que comprobar si ese desarrollo está previsto también en el PGO de 2005. Si está previsto así, no hay problema. Si no está previsto, también habría que determinar si ese plan especial por sí mismo tiene autonomía funcional para ordenar y con independencia de que sea remitido por el plan general. En el caso de que no se pudiera adaptar con el PGO de 2005 ni tampoco que fuera autónomamente suficiente, entonces quedaría nulo y no se podría seguir tramitando". ¿Y cuándo se podrían determinar todas estas cuestiones? "Pues lo tiene que determinar la Gerencia de Urbanismo en próximas fechas. Con todos los planes parciales y especiales vamos a determinar en qué situación quedarán si se produce la anulación completa del PGO de 2013, si al final realmente se produce".