Los trabajos para el desmantelamiento de las instalaciones de la Refinería de Santa Cruz podrán comenzar durante el primer semestre de 2019, según se puso de manifiesto ayer durante una reunión mantenida por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez con el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, al objeto de realizar un seguimiento del acuerdo Santa Cruz Verde 2030.

Al encuentro asistieron también la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez; el consejero del Cabildo de Tenerife Alberto Bernabé y el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Carlos Tarife. Del mismo modo, estuvieron presentes técnicos de la compañía Cepsa, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y, por parte municipal, el gerente de Urbanismo y los responsables de la dirección de los servicios jurídicos de este organismo y de su dirección técnica.

Bermúdez explicó al término de la reunión que la Viceconsejería y Cepsa informaron de los avances producidos en las reuniones técnicas mantenidas por ambas partes en relación a la remediación (descontaminación) y desmantelamiento de las instalaciones y que Cepsa manifestó la posibilidad de iniciar las primeras labores en el primer semestre de 2019.

En la reunión se expusieron también las acciones realizadas por la compañía ante la Autoridad Portuaria, la Consejería de Industria del Gobierno canario y el Ministerio de Industria para el cese administrativo de la actividad de refino y la transición a la de parques de almacenamiento. Este paso es imprescindible para dar inicio al trabajo de desmantelamiento. Precisamente, a las próximas reuniones de seguimiento se incorporarán representantes de Puertos.

Otro de los temas fue la participación activa de la Universidad de La Laguna, a través de su cátedra Cepsa, para la realización de proyectos de investigación alineados con los objetivos del plan.

Tanto el alcalde como los responsables de Urbanismo detallaron el cronograma previsto para la propuesta y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO).

Bermúdez anunció la creación de una subcomisión técnica con representantes de Cepsa y Urbanismo que dará continuidad a los trabajos que permitan la ordenación de ese suelo en el PGO.

El alcalde reiteró que cualquier cesión de suelo estará sometida a lo que marquen las leyes y señaló que ni en el acuerdo firmado con Cepsa ni en el decreto dictado al respecto aparece referencia alguna a la categorización del suelo, como se insinúa desde el PSOE.

"El ayuntamiento cumplirá escrupulosamente la legalidad urbanística en todo lo referente a los aprovechamientos del suelo", indicó Bermúdez, quien recordó que el objetivo fundamental del acuerdo firmado con Cepsa -y así está recogido textualmente- es la "cooperación entre ambas partes para la regeneración urbana del área que actualmente ocupa la refinería de Cepsa, logrando una ciudad más equilibrada y sostenible mediante la creación de un gran sistema de espacios libres en los terrenos que actualmente ocupa, para promover una renovación urbana del espacio, sustituyendo el actual uso industrial por otros de carácter residencial, turístico, comercial o, incluso, dotacional, o una combinación de ellos que complementen los usos recreativos de la zona".

En relación con "la supuesta" presentación de un recurso contencioso administrativo, el ayuntamiento está a la espera de conocer por escrito los argumentos que se esgrimen en el mismo para solicitar un informe jurídico que aclare aspectos de ese recurso.

En todo caso, el alcalde lamentó el posicionamiento público de Patricia Hernández, "que quiere recoger el testigo de la izquierda más destructiva en Santa Cruz".

La candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz y el actual portavoz del partido, Patricia Hernández y José Ángel Martín, respectivamente, denunciaron ayer que el alcalde José Manuel Bermúdez no ha aclarado si los terrenos de la Refinería de Cepsa han sido negociados como suelo urbano no consolidado, tal y como ya lo declaró el Tribual Supremo en 2012, o suelo urbano consolidado.

Hernández aseguró que si finalmente se ha negociado la calificación como suelo urbano consolidado podría haberse producido un perjuicio importante para los ciudadanos de Santa Cruz porque supondría un "regalo de 75 millones" en valor al dejarse sin edificar unas 1.200 viviendas de promoción pública. "Necesitamos una respuesta pública si quieren que quitemos el contencioso administrativo que hemos presentado este mes", advirtió.

José Ángel Martín anunció la petición de la celebración de un pleno extraordinario para debatir esta cuestión y recordó que con la calificación de suelo consolidado, "la del acuerdo" -dijo-, el municipio tendría solo una reserva de suelo para vivienda pública del 10%, en vez del que le corresponde, el 30%.