El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, confían en que la reordenación de Miraflores sea el "último desencuentro" técnico entre ambas administraciones en relación a la protección del patrimonio histórico.
Ambos dirigentes se expresaron así en relación a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que avala la decisión del Cabildo de suspender el derribo de la vivienda ubicada en el número 23 de la calle Puerta Canseco -finalmente demolida para albergar un nuevo edificio de viviendas-.
Alonso valoró que el juzgado haya dado la razón al Cabildo, con lo que se llega al "punto final" del proceso, al tiempo que resaltó que en los últimos meses se han ido buscando "puntos en común" entre ambas instituciones.
En ese sentido, comentó que más allá de "lo protegido" que hay en los planes de protección del casco, en la ciudad hay otros valores patrimoniales "que conservar", por lo que apeló a "mejorar" el catálogo de bienes inmuebles de la ciudad.
"Es un trabajo que tiene que hacer poco a poco el ayuntamiento. Lo de Miraflores es puntual, importante y teníamos la razón, y ahora tratamos de que el ayuntamiento mejore el conocimiento de sus elementos patrimoniales para preservarlos", destacó.
José Manuel Bermúdez, por su parte, afirmó que con la Corporación insular se está trabajando "muy bien" y "llegando a consensos" en varios ámbitos, y limitó estas diferencias a criterios técnicos, resaltando que el ayuntamiento "siempre" ha defendido el criterio de la Gerencia de Urbanismo. "Y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra obligación, son los funcionarios los que marcan el criterio", apuntó.
Sobre las críticas de la oposición municipal, comentó que "obvian" que el ayuntamiento es la administración pública que "más invierte" en la ciudad en patrimonio, "más que todos los ayuntamientos de la isla juntos y eso que no tenemos las competencias".
Reunión de Nuestro Patrimonio con IUC
La Asociación Nuestro Patrimonio se reunió estos días con el concejal de IUC en Santa Cruz, Ramón Trujillo, quien renovó su apoyo a este colectivo de defensa del patrimonio histórico y expresó su compromiso de defender en los plenos que se dé un grado de protección legal a los numerosos inmuebles que el Cabildo propone catalogar desde hace más de una década, así como redoblar esfuerzos en buscar fórmulas para incentivar y facilitar su rehabilitación. Trujillo recorrió los 29 inmuebles a los que el borrador del plan especial del casco histórico del Antiguo Santa Cruz pretende dar una protección documental, no prevista en la legislación.