Santa Cruz de Tenerife
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La activista Inma Évora asesora a Visocan por el desahucio de viviendas de Añaza

Santa Cruz de Tenerife, EFE
18/dic/18 11:30 AM
eldia.es

Santa Cruz de Tenerife, EFE La empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias Visocan contará con el asesoramiento técnico de la activista antidesahucios Inma Évora en el caso de la adquisición de los inmuebles de Añaza en Santa Cruz de Tenerife, que son propiedad del Banco Santander.

Inma Évora en un acto de protesta./El Día

La entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha decidido contratar los servicios de intermediación social de Évora, que actualmente forma parte de la Plataforma pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias, para elaborar un censo de los inquilinos de estas viviendas, informa en un comunicado.

En el censo deben constar las condiciones socioeconómicas de cada inquilino y la ayuda en materia de vivienda a la que tienen derecho.

Además Évora informará y orientará a los arrendatarios de las prestaciones a las que pueden recurrir en función de su perfil y la prestación de este servicio se prolongará durante cuatro meses.

Évora tiene experiencia como intermediadora en casos de desahaucios, motivo por el cual la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional ha decidido contar con su ayuda en este caso.

Ha sido portavoz y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife desde el año 2011 hasta 2018, desde donde ha promovido cambios en políticas de prevención de los desahucios, protocolos y medidas antidesahucios aprobadas por la mayoría de las instituciones públicas.

Desde la plataforma Pro derechos económicos, sociales y culturales de Canarias ha diseñado una oficina que da información, asesoramiento e intermediación en materia de vivienda y otros derechos.

El Gobierno de Canarias se encuentra en estos momentos negociando la compra de 358 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, después de que un fondo buitre intentara adquirir estos inmuebles.

Estas viviendas son propiedad del banco Santander desde que la empresa promotora quebrara y la Consejería ha encargado una tasación para iniciar la negociación del precio de compra de estas casas con el objetivo de que pasen a ser propiedad de la Comunidad Autónoma (o de la empresa pública) y que las familias vulnerables puedan permanecer en ellas sin riesgo.

Además, el Ejecutivo regional ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera para que en el caso de Añaza el interlocutor no sea la filial inmobiliaria Altamira, que gestionaba estos inmuebles en los que viven 358 familias, sino el propio banco.

Este acuerdo evita que la empresa gestione estos inmuebles igual que el resto de sus activos y que envíe notificaciones informando de que no se renueva el alquiler, lo que había generado intranquilidad entre los vecinos.

El Gobierno, además, se ha comprometido con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a paralizar todos los procesos de desahucios mientras se prolongue el período de negociación de la venta de estas viviendas.

En el caso de Añaza, la Comunidad Autónoma tiene intención de ejercer la opción de compra prioritaria que tiene por ley para adquirir estas viviendas, ya que son de Protección Oficial (VPOs) en régimen especial y/o general hasta 2021.

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