El Tribunal Supremo (TS) ha echado atrás el recurso de dirección del geriátrico "El Drago del Marqués" de Ifara contra la decisión del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) en la que declaraba nulas las licencias de construcción, habitabilidad y de actividad concedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz en los años 2003, 2004, 2008 y 2009 porque no se ajustaban al plan urbanístico desarrollado en el municipio.
En este caso, la primera consecuencia de la inadmisión del recurso contra el TSJC es que un total de 176 mayores y algo más de 100 trabajadores se verían en la calle en unos dos meses, según fuentes de la propia residencia, que ayer por la mañana y por la tarde celebró sendas asambleas informativas con los trabajadores del centro, primero, y los familiares de los mayores, después
En este encuentro, la dirección informó que en dos meses la actividad tendría que cesar y cerrar el geriátrico que llevaba abierto desde el año 2009 y que tenía plazas concertadas del IASS del Cabildo y del propio Servicio Canario de Salud (SCS).
El problema se remonta a la denuncia de un vecino contra la construcción de la residencia, tras la cual la Justicia determinaría la demolición parcial del centro que afectaba a la altura del mismo y concretándose en un hueco de ascensor, una zona residencial de 5 plazas y el tanatorio.
Sobre ello, la dirección aceptó la decisión y formalizó un proyecto de demolición de estas zonas, mientras que el denunciante interponía una segunda demanda en la que solicitaba la nulidad de las licencias y la actividad, que fue tenida en cuenta por el TSJC. Tras este varapalo, la gerencia recurrió la sentencia al TS, que finalmente inadmitió el recurso de la explotación y consideraba el cese de la actividad y el cierre de la residencia de Ifara.