El Ayuntamiento de Santa Cruz confía en poder legalizar las licencias de actividad de la residencia de ancianos El Drago del Marqués, en Ifara, un trabajo en los que los técnicos están inmersos desde hace meses después de que el área de Urbanismo recibiera por parte de la dirección del centro el proyecto de demolición de zonas parciales que fueron construidas en contra del planeamiento urbanístico.
En este caso, fuentes de la actual dirección del geriátrico (la empresa Grupo Norte asumió la gestión en 2016) aseguraron que se trata de una caja de ascensor, un tanatorio y una zona de plazas residenciales existentes en los altos de la infraestructura.
Lo cierto es que el Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de declarar nulas las licencias de construcción y de actividad y habitabilidad que la corporación local concedió en 2003 y 2009, respectivamente, y que supone de facto el cierre de la residencia.
Eso supondría que 176 usuarios (existe concertación con el IASS del Cabildo y el SCS del Gobierno de Canarias) y más de 100 trabajadores tuvieran que buscar alternativas de la mano de la empresa gestora, tal y como informó esta a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que explicaba la opción de otros centros que gestiona en la Isla y en Canarias.
No obstante, desde fuentes del ayuntamiento se ha querido dar un mensaje de tranquilidad sobre la situación creada, ya que los técnicos del área de Urbanismo entienden que se puede legalizar la situación del centro, según adelantaron ayer varias fuentes.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, apuntó ayer que el consistorio "mediará ante la propiedad de la residencia privada de mayores para explotar todas las opciones que permitan garantizar la viabilidad del centro y del servicio que presta, atendiendo siempre a las resoluciones judiciales".
Sobre ello dejó claro lo que las fuentes anunciaban a primera hora, que se podría legalizar tras la demolición parcial que obligaba la Justicia y para la que la empresa afectada había hecho un proyecto. Tarife dijo que está próxima una reunión entre la antigua propiedad y la actual para buscar fórmulas para la legalización del inmueble, que pasaría por "obras de reforma, tal y como exige la Justicia", confirmó el responsable del área de Urbanismo.
La consejera de Asuntos Sociales del Ejecutivo regional, Cristina Valido, aseguró al respecto que "se pedirá una ampliación de plazos para la ejecución de la sentencia. De momento, el tiempo que tiene la empresa para cesar y desalojar a los mayores es muy pequeño, por lo que necesitamos la ampliación del tiempo de ejecución para poder ubicar adecuadamente a todos los mayores y otra cuestión son los trabajadores que se quedan fuera. Las sentencias por supuesto que hay que cumplirlas, pero si nos dan más tiempo, podemos trabajar mejor", dijo.
Mientras tanto es palpable entre los empleados, usuarios y familias que están vinculadas a la residencia El Dragón del Marqués el desconcierto por la situación vivida, ya que no saben qué sucederá en los próximos meses o si el ayuntamiento podrá legalizar o no las instalaciones del centro.