El desahucio de la pareja de jóvenes de Ofra formada por Yanira y Josué, con un niño de 3 años, podría aplazarse hoy hasta dentro de un mes, si finalmente el propietario del inmueble acepta la propuesta realizada por las administraciones.

En concreto, tanto el Instituto Canario de la Vivienda (Incavi) como el Ayuntamiento de Santa Cruz quieren tener ese margen de tiempo para tratar de buscar un alojamiento alternativo para los afectados. Fuentes cercanas a la familia indicaron ayer, no obstante, que la paralización o no del lanzamiento no se conocerá hasta las 10:00 horas de hoy, día y hora fijadas para el desalojo, en la calle Los Arcángeles, 17, 2º izquierda.

Cabe recordar que el Incavi aseguró este martes que se había enterado de este caso el lunes y, tras ello, presentó un escrito en el Juzgado solicitando el aplazamiento del desalojo.

Además, la familia ha sido incluida en el registro del programa "Canarias+ViviendasXFamilias" para buscar una solución duradera. Yanira acudió al Incavi el lunes y aseguró que el desalojo estaba paralizado por un escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Fuentes municipales, sin embargo, explicaron que no se había podido activar el protocolo antidesahucio, pionero en España, porque no se trata de un lanzamiento hipotecario de una entidad financiera, sino de un problema entre privados en el marco de un impago en el mercado libre del alquiler. Y una administración no puede ni debe interferir en ello.

Añadieron las fuentes que no constaba ningún escrito al Juzgado. No obstante, el alcalde, José Manuel Bermúdez, sí ha dado instrucción al IMAS y a Viviendas Municipales de buscar un arreglo.

Las fuentes municipales subrayaron que la pasada semana los afectados tuvieron una reunión con la trabajadora social de la UTS de distrito. Además está en marcha el proceso para que ella tenga un trabajo de seis meses dentro del Convenio de Empleo Social. Por eso se ha elaborado un informe favorable desde esta instancia.

Y remarcaron que a esta familia, en contra de lo que se ha dicho, se la viene ayudando con PEAS de alquiler los años 2016 y 2017. En 2018 renunciaron, probablemente por estar cobrando la PCI y tener rendimientos del trabajo. Además, los Servicios Sociales les han propuesto el recurso del piso de emergencia social para familias, pero lo han rechazado.