El Gobierno de Canarias ha firmado un contrato con el Banco Santander para comprar por 24.890.000 euros 358 viviendas del barrio de Añaza en Tenerife, con lo que evita que sean adquiridas por un fondo buitre, ha informado este lunes el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, quien aseguró que la negociación fue "muy dura" para llegar a "un precio razonable".

La firma se produce después de que el pasado mes de enero el Gobierno y el Banco Santander llegaran a un acuerdo sobre el precio de venta de dos promociones de 179 viviendas ubicadas en Santa Cruz de Tenerife -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años, varios de los cuales habían recibido comunicación de lanzamiento.

Fernando Clavijo, acompañado del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; comunicaron hoy a los vecinos que su casero es a partir de este mes de febrero Visocan, la empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias.

Para facilitar la operación de compra-venta se aprobó en Consejo de Gobierno una ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la entidad pública de fondos destinados a la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria.

A partir de ahora será el Consejo de Administración de Visocan el que gestione los alquileres, ya que las viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad, detalló el presidente del Gobierno, quien señaló que "a nadie se le va a quitar ni cuestionar el contrato de alquiler".

Clavijo explicó que a partir de este mes los pagos del alquiler se realizarán a Visocan en las mismas condiciones en que se ha subrogado el contrato y agradeció "la valentía" de los vecinos, que confiaron en las administraciones públicas canarias "para poder estar hoy aquí".

"Hemos remado todos en la misma dirección", agregó el presidente canario, quien preguntado qué sucederá con los "okupas" que viven en algunas viviendas dijo que "no es voluntad del Gobierno generar problemas" y aseguró que si cumplen con los requisitos se quedarán en las casas y sino se buscarán alternativas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó que una vez conocida, a principios de octubre, la situación en que se encontraban las viviendas de Añaza, se inició un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias con el fin de asegurar que ninguna de estas familias fuera expulsada de su hogar.

Todas las instituciones dieron "un puñetazo sobre la mesa" e, incluso, el Ayuntamiento retiró su dinero del Banco Santander, rememoró Bermúdez, quien comentó que a partir de ese momento se produjo "un giro" para que el Gobierno pudiese adquirir las viviendas.

Destacó que "en España no hay un ejemplo similar a este", en el que, añadió, las administraciones se han unido para comprar unas viviendas privadas y hacerlas públicas porque entendían que "era un tema de justicia".

A partir de ahora, continuó, se verá caso por caso cada uno de los contratos y así ver quién paga, quién debe y poder gestionar de forma correcta los alquileres sociales.

Después de que una vecina le alertara de que hace dos semanas le llegó un aviso de desahucio, el alcalde dijo que en todos los casos se ha activado el protocolo antidesahucio, lo que ha permitido que "no haya pasado nada durante los últimos tres meses".