El Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado el plazo de 3 meses al Gobierno de Canarias para ejecutar el cerramiento y limpieza de dos parcelas de su propiedad en el ámbito de Cabo Llanos después que la Gerencia de Urbanismo registrara una denuncia vecinal exponiendo el estado en el que se encontraban los terrenos, con un vallado insuficiente, que están siendo utilizados como aparcamiento y que produce distintas afecciones al vecindario. Dichas obras de cerramiento y trabajos complementarios han sido presupuestados por los técnicos del area por un total de 92.096 euros en una primera estimación.

En este caso, se trata unos terrenos sin edificar de aproximadamente 11.478 metros cuadrados que lindan con las calles Los Llanos, Unión Artística El Cabo, Pedro Modesto Campos y Adán Martín Menis (zona trasera del Espacio Cultural El Tanque) y en el ámbito del paseo peatonal de la cara norte de las dos Torres.

En la actualidad, están siendo utilizados como aparcamientos. En varias partes del terreno el vallado está en el suelo y existen puntos en donde se concentran basura y escombros. En cuanto a las afecciones, vecinos consultados el pasado viernes señalan que, sobre todo, "el polvo es una de las afecciones más importantes, así como el barro y la tierra que se precipitan por el paseo peatonal" que hay frente a los Torres.

Según los datos catastrales , se trata de dos parcelas unidas entre sí, que son de titularidad del Gobierno de Canarias en las que se permite "la ejecución de edificios de oficinas con espacios libres cincundantes, previa redacción del estudio de detalle (entre otras actuaciones urbanísticas)". Además, se constata que "no se localizan antecedentes de tramitación de títulos habilitantes encaminados aldesarrollo de la actividad de aparcamiento de vehículos en esa ubicación", resaltó el área de Urbanismo como antecendente.

Precisamente, sus técnicos realizaron una inspección tras las denuncias registradas, comprobando la existencia de un perímetro exterior deficiente, así como la existencia de hierbajos, aunque en su mayor parte de su superficie se está desarrollando la actividad de aparcamiento de vehículos en su interior.

En base a ello en el expediente se apunta que el Gobierno de Canarias debe acomter en el plazo máximo de tres meses, y bajo la dirección de un técnico competente, medidas de seguridad al respecto, entre las que se encuentran el cerramiento con dos iladas de bloque de 50 centímetros de altura, enfoscado y pintado y el resto, hasta los 2 metrosde altura, la colocación de valla transparente metálica, pintada y demontable y asegurar el acceso para que el terreno se mantenga limpio. Asimismo se debe ejecutar una limpieza integral en su interior.

Carlos Tarife no apoya la actividad ilegal del solar

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, aseguró ayer que todo nace de las afecciones que el solar produce a los vecinos: "Nosotros no apoyamos la actividad de aparcamiento ilegal que se está desarrollando en la zona y hemos pedido al Gobierno de Canarias que valore cuestiones urbanísticas que hemos puesto en la mesa, como los usos provisionales, porque ese solar ahora mismo en el PGO tiene un uso y en el futuro, con la operación de la Ciudad de Justicia, será un colegio. Pero hasta que se vaya a construir, se puede dar un uso alternativo, que podría ser un aparcamiento bien asfaltado, y eso lo puede hacer el Ejecutivo y dicen que lo están estudiando... Pero claro, pasan los meses y no se concreta, y los vecinos siguen molestos y afectados", apuntó.