"Vamos a hacer los máximos esfuerzos de diálogo con todas las asociaciones y, por tanto, dudo que podamos aprobarla en este mandato". Así se refirió ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, a la ordenanza para regular el alquiler vacacional, normativa con la que la capital quiere poner coto a esta modalidad en el municipio y que, hasta hace pocos días, quería aprobarse, al menos de manera inicial, antes de las elecciones de municipales de mayo.

El regidor dijo en la Cadena Ser que tienen que volver a reunirse con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), con Ashotel y con los administradores de fincas para redoblar el diálogo y tratar de lograr el mayor consenso posible.

"No tendría sentido que la aprobáramos a sabiendas de que lo vamos a perder en los tribunales. Eso no lo podríamos hacer. Tenemos que recabar todos los informes y la completa seguridad de que estamos aprobando algo cierto", sostuvo.

Hace unos días, Ascav se había mostrado muy crítica con el texto que pretendía llevar a pleno el consistorio, al entender que prohibiría esta modalidad de facto en algunos barrios como El Toscal y Los Hoteles, donde se pide una entrada separada a las viviendas en edificaciones plurifamiliares.

También estimaba injustificado que la actividad se quisiera limitar a los edificios con más de 10 años de antigüedad y reiteraba que determinar que la vivienda vacacional es una actividad clasificada no es otra cosa que obligar a los propietarios, entre otros requisitos, a darse de alta como autónomos.

Esta última medida, consideraba Ascav, "fulminaría" del mercado a todos los pensionistas que cumplimentan sus ingresos con alguna vivienda vacacional, "y sería especialmente dramático en la zona de Anaga".

Por todo ello, la mencionada asociación había avanzado que llevaría la ordenanza a los tribunales. De hecho, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ya ha tomado una medida aún más contundente, al querellarse por prevaricación administrativa y/o urbanística contra el alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Noguera, como consecuencia de la prohibición de la comercialización de la vivienda de uso turístico en casas plurifamiliares.

A pesar de todo, el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, había sostenido que la norma se aprobaría antes de que concluyera el actual mandato con argumentos como este: "Entendemos que es responsabilidad del grupo de gobierno intentar hacer algo sobre una situación que se está dando tanto en nuestra ciudad como en otros puntos del país".

"Hemos dado un paso al frente y hemos afrontado esta regulación desde la perspectiva que, entendemos, es más sólida, poder hacerlo en base a nuestras competencias: la urbanística", había dicho Cabello.

Ayer, el alcalde remarcó que el ayuntamiento "no quiere prohibir" el alquiler vacacional en la ciudad, pues, desde muchos puntos de vista, "fomenta un determinado tipo de riqueza", pero sí quiere que esté "ordenado".

"Entre no regular, que genera un problema, y una regulación consensuada hay un trecho", añadió Bermúdez, quien, en todo caso, subrayó que el alquiler vacacional no se puede regular solo desde los ayuntamientos, pues es una cuestión en la que tiene que haber una implicación estatal.

Por otra parte, y cuestionado por si sería partidario de limitar los precios máximos de los alquileres, Bermúdez dijo que la primera medida que debería ponerse en marcha es la construcción de un parque público de viviendas. "Por nuestra parte, vamos a construir 44 viviendas públicas y hemos comprado otras 18 a una entidad bancaria", recordó.

En todo caso, apuntó que no ve mal que se pueda llevar a cabo una limitación de los precios máximos del alquiler, aunque reconoció que "es muy difícil llevarla a cabo" porque se debe garantizar la libre competencia y el derecho que asiste a cualquier persona a alquilar una casa.

En este punto, Bermúdez indicó que "lo que no tiene sentido" es tener viviendas vacías, y subrayó que, tal vez, la mejor manera de que estas casas salgan al mercado sea "incentivando" su ocupación legal. "Hay que buscar fórmulas, pero de la manera más consensuada posible", concluyó.

"Nos alegramos muchísimo de que se haya reflexionado y se vuelva a la mesa de negociación". De esta forma, celebró Doris Borrego, presidenta de Ascav, la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de posponer la aprobación de la ordenanza hasta lograr más consenso.

"Siempre tenemos la mano tendida para elaborar una normativa cumplible y de acuerdo a la ley, es decir, que no vuelva a infringir nuestros derechos", dijo Borrego, quien recalcó que "nadie más que nosotros" quiere que se cumpla con la legalidad y la calidad de la oferta, que en Santa Cruz alcanza el 50% de todas las camas.

La presidenta de Ascav avanzó que iniciarán próximamente una campaña de concienciación e información para aquellas personas que ofrecen viviendas de alquiler vacacional, pero que están reguladas. "Existe mucha confusión por parte de los propietarios", reconoció.