La empresa gestora de la Residencia de mayores El Drago del Marqués, Amavir, y los trabajadores llegaron ayer a un acuerdo satisfactorio entre las partes acerca de las indemnizaciones que percibirá la plantilla por el cierre de la actividad del centro, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hiciera público que se declaraba nulas las licencias de construcción, habitabilidad y de actividad concedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz en los años 2003, 2004, 2008 y 2009 porque no se ajustaban al plan urbanístico desarrollado en el municipio.
En este caso, la conformidad entre las partes se produjo en la primera de las dos reuniones convocadas por la empresa y la representación de los trabajadores con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del cierre de la residencia y el mismo se ha producido antes de que culminara el plazo máximo del periodo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo que proponía.
Así lo anunció ayer la empresa al término del encuentro, recordando que "iba a hacer todos los esfuerzos posibles por reconocer y valorar el trabajo que han realizado. Así, sobre la base de la indemnización legalmente establecida, se ha añadido una indemnización adicional para aquellos en los que la pérdida del puesto de trabajo tenga un impacto mayor y que, de facto, aplicará a la gran mayoría de la plantilla".
Además de la indemnización, se ha contratado una empresa de recolocación "que va a estar a disposición de todos los trabajadores para favorecer su empleabilidad". Por otro lado, se ha acordado ya la recolocación de algunos de ellos en otros centros de la compañía.
La empresa gestora del centro se encuentra a la espera de que se concrete la opción anunciada por el ayuntamiento para regularizar el edificio a través de las obras pertinentes para pedir una nueva licencia. "Si ese plan se ajusta a la legalidad la empresa estaría dispuesta a analizarlo, acometer obras y poder reabrir la residencia en un futuro", añadieron las fuentes.