Los trabajadores en situación de temporalidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz cobraron ayer protagonismo en el salón de plenos, así como en la entrada del edificio, para reclamar la paralización de los procedimientos de Oferta Pública de Empleo (OPE) lanzada por el ayuntamiento y que podría afectar a 374 personas en situación de interinidad (el 32% de la plantilla), según una moción conjunta de SSP, PSOE, Cs e IU.

Ni el compromiso personal del alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, de crear una mesa de trabajo para lograr acuerdos con las centrales sindicales, siempre y cuando "sean avalados por los Servicios Jurídicos, la Secretaría municipal y la Intervención", ni las explicaciones del concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, sobre la necesidad imperiosa de lanzar la oferta "para no ser intervenidos por el Estado en 2022" aplacaron las demandas de los trabajadores y los sindicatos UGT, CCOO e IC.

Es más, los manifestantes comandados por los sindicatos (sobre 100 entre los que entraron y los que se quedaron por fuera) prometieron "seguir presionando para consolidar las plazas de los trabajadores que se encuentran en situación de temporalidad", además de proceder a ejecutar una "macrodemanda para defender nuestros derechos", dijeron ante algunas unidades de la UNIPOL.

Tras tres intervenciones de representantes sindicales en la que advirtieron de "un fraude en el abuso de la temporalidad", la moción firmada por toda la oposición fue defendida por Pedro Fernández Arcila (SSP), quien explicó que la propuesta "sería un pacto por el empleo para la estabilización del empleo en el ayuntamiento con el objetivo de buscar soluciones en una reunión", al igual que están haciendo muchos ayuntamientos. Fue la línea de la intervención del concejal Enrique Rosales (Cs), que pidió que no se provoque una "judicialización" del asunto, y el propio José Ángel Martín (PSOE), quien aseguró que "los trabajadores son las víctimas de una mala política en materia de Personal".

El concejal de Recursos Humanos y Hacienda, Juan José Martínez (CC), recordó en defensa de la OPE que afecta a todos los ayuntamientos y pidió a los grupos que "no hagan demagogia sobre un problema que es muy complicado", tanto que la alcaldesa madrileña Manuela Carmena (Ahora Madrid) "liquidará a 4.000 trabajadores".

Señaló que "a los trabajadores se les ayudará, pero tienen que hacer un esfuerzo porque no hay atajos a la legalidad", dejando claro que la oferta de empleo público se lanza "porque tenemos la obligación de bajar la temporalidad hasta el 8%, porque si no el ayuntamiento sería intervenido".

El punto lo concluyó el Bermúdez que ofreció la creación de la mesa de trabajo para buscar propuestas y soluciones con el aval de los Servicios Jurídicos, la Secretaría y la propia Intervención, una cuestión que fue rechazada por lo sindicatos, y con ello, la moción planteada por el equipo de Gobierno de CC y PP.

Fue uno de los puntos más interesantes de los 36 tratados en la sesión plenaria de ayer, entre los que destacaron, además, la aprobación por parte del foro el levantamiento de las suspensión urbanística de la parcela del colegio La Salle, bajo la que pesa una orden de demolición del Tribunal Supremo (TS).

En este caso, el edil de Urbanismo Carlos Tarife recordó que la semana pasada el consejo rector acordó "el levantamiento de la suspensión, que legaliza 5 metros de retranqueo de una parte del muro y suprime el uso de gran comercio previsto y los usos terciarios para aparcamientos", una actuación avalada por la Cotmac e incluida en el todavía vigente PGO de 2013, sobre unas obras desarrolladas en 2007 y judicializadas más tarde.

Tarife resaltó que el área de Urbanismo se guía por la estricta legalidad y dijo que "tenemos la obligación de levantar suspensiones que se encuentran pendientes" y con ello el colegio puede legalizar definitivamente las obras actuaciones iniciadas en 2007.

Sobre ello, todos los grupos mostraron su disposición por la determinación, pero advirtieron que el levantamiento de la suspensión urbanística de la parcela del colegio La Salle "se tiene que justificar la motivación de esa legalización sobre una sentencia del TS que obliga la demolición", dijeron.

El expediente fue aprobado finalmente por el pleno.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, condenó ayer "los hechos delictivos" del caso Las Teresitas y aseguró que se utilizarán todos los recursos a su alcance para recuperar el dinero que perdió el municipio por la compra-venta de los terrenos. "Vamos a recuperar hasta el último céntimo y la corporación se quedará con la titularidad de los terrenos", dijo de forma contundente.

El regidor señaló tras el debate del pleno que, al igual que en 2017, "hoy he dado instrucciones para recuperar la totalidad del dinero de Las Teresitas, vamos a ir a por todas, a reforzar los servicios jurídicos directa o indirectamente si hiciera falta contratando bufetes externos para ir a por todas por este asunto".

"Una vez que la sentencia judicial se ha producido, la confirmación del TS, ahora llega el momento de utilizar todos los recursos procesales y jurídicos de los que disponga el ayuntamiento para recuperar hasta el último céntimo de la compra-venta de Las Teresitas y por su puesto, que la corporación se quede con la titularidad de los terrenos".

Recordó que "la Junta de Gobierno aprobó la adhesión a lo que decía la Fiscalía. Desde el momento que se produce la sentencia penal firme, ahora vamos a batallar para recuperar ese dinero, por si alguien tiene dudas. Vamos a la recuperación del dinero y los terrenos son nuestros".

OTROS ASUNTOS

El lunes de Carnaval del próximo año, el 24 de febrero, será festivo en el calendario al coincidir el día 3 de mayo en domingo, Día grande de Santa Cruz. En este caso, los vecinos podrán disfrutar de cuatro días de fiestas seguidos, del 22 al 25 de febrero, en plenos carnavales. Ese calendario fue el aprobado por el pleno.

El edil de Medio Ambiente, Carlos Correa (PP), sacó adelante el convenio de colaboración con La Laguna, Tegueste y El Rosario para la gestión del albergue de animales de Valle Colino. Pidió que "en un futuro Santa Cruz tenga su propio albergue".

Fuera del orden del día, se aprobó una moción defendida por el concejal de Patrimonio, Juan José Martínez (CC), en la que se exponía el convenio con el IASS para acondicionar el antiguo colegio Buenaventura Bonnet (Las Delicias) como centro de atención sociosanitaria.

La concejal Asun Frías (SSP) sacó adelante su moción enmendada sobre formación en rehabilitación y renovación urbana, aunque el modelo sobre cómo se matizó en la resolución final.

El grupo de Cs sacó adelante como moción institucional la moción defendida por Evelyn Afonso para promover la igualdad real y efectiva, al igual que otra relativa a la mejora de la plaza del aparcamiento de Ramón y Cajal.