Agentes de la Policía Local de Santa Cruz, cumpliendo la orden de la Gerencia de Urbanismo, precintaron ayer la vivienda número 28 de la calle Miraflores, conocida como Casa Clavijo, de la que habían sido desalojadas varias jóvenes prostitutas la semana pasada, pero en la que decidió permanecer, bajo su responsabilidad, una señora mayor, que dijo vivir allí desde hacía más de 40 años.

Ayer, según confirmó el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, en el momento de proceder a instalar el precinto en la puerta principal del inmueble no había nadie en el interior.

La Gerencia había ordenado el desalojo de la Casa Clavijo la semana pasada, después de que los técnicos municipales detectaran graves deficiencias en su interior, en el que se habían producido algunos desprendimientos.

La orden de Urbanismo obliga también a los propietarios de la vivienda a llevar cabo varias medidas seguridad para evitar nuevas incidencias.

Entre ellas figura la instalación de un apuntalamiento preventivo en todas las plantas del inmueble, previa retirada controlada de los falsos techos; la demolición puntual y controlada del techo del cuarto de azotea aún en pie; y la colocación de malla de protección exterior anticascotes.

Tarife confirmó ayer que el siguiente paso será pedir una autorización judicial para poder acceder al interior de la casa y realizar las obras oportunas, requisito necesario al carecer los dueños de la posesión de la vivienda, pues, según detalló, existe un contrato antiguo de alquiler.

El concejal valoró que los propietarios de la Casa Clavijo estén "por la labor" de hacer las obras requeridas, y volvió a defender las actuaciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento en inmuebles mal conservado como el número 28 de Miraflores.

"No vamos a mirar para otro lado cuando haya una casa en mal estado", sostuvo, al tiempo remarcó que "echa de menos" un criterio "más objetivo" del Cabildo de Tenerife con respeto a la protección de este tipo de inmuebles. "Ante situaciones como esta, actuamos", sostuvo.

La decisión de ayer se tomó sin conocerse aún el informe que los técnicos de Patrimonio de la Corporación insular están elaborando sobre el estado del inmueble, aunque ya la consejera del área, Josefa Mesa, puso en duda que la casa estuviera en ruinas.

La Gerencia de Urbanismo obligó esta semana a los propietarios del edificio del número 30 de la calle Bethencourt y Alfonso (antigua San José) a instalar una malla de protección exterior anticascotes. Ayer estaba ya colocada.

La medida se produjo después de que este jueves tuvieran que actuar los servicios de emergencia tras producirse, a primera hora de la mañana, una caída de cascotes desde la fachada. Como consecuencia de ella, el comercio que hay en la entrada del edificio tuvo que suspender su actividad. Los técnicos de Urbanismo que visitaron la zona detectaron que la caída de materiales se había producido desde el piso número 6, de los ocho con los que cuenta el edificio. Además, advirtieron de que algunos de los volados estaban "visiblemente agrietados".

La resolución firmada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, recoge también que los propietarios del inmueble disponen ahora de dos meses para solicitar los correspondientes títulos habilitantes para la realización de las obras de reparación en la fachada, "todo ello en virtud del deber de conservación de todo propietario".