La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, Patricia Hernández, ha pedido este miércoles al Ayuntamiento capitalino que sancione de forma inmediata a la empresa encargada de la gestión del agua en el municipio (Emmasa) después de un nuevo vertido desde tierra al mar en las cercanías de La Hondura.
Según Hernández, ya son al menos tres los vertidos ilegales que se han contabilizado desde el pasado mes de septiembre.
Para la también parlamentaria socialista es “gravísimo que tenga que ser la ciudadanía la que haga de policía y la que vigile nuestra costa” y ha criticado el hecho de que el Ayuntamiento de Santa Cruz en ningún momento haya informado sobre este vertido, pese a tener obligación legal de hacerlo.
Hernández, en un comunicado, también critica que la respuesta de Emmasa haya sido solo al twitter de la ciudadana que hizo públicas las imágenes que grabó desde un avión, afirmando que se trataba de agua de riego que no iba a ser utilizada.
Se trata, según la candidata, del mismo argumento que dio tras conocerse los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado y que fueron desmentidos públicamente por la Consejería de Medio Ambiente "añadiendo además que se trataba de un punto de vertido ilegal y que no deber ser utilizado de ninguna manera ni por ninguna causa por Emmasa".
Hernández exige al ayuntamiento que facilite toda la información sobre este último vertido y que se sancione con carácter inmediato a Emmasa por los dos vertidos de 2018 y por este último y aclara que la empresa no tiene autorización alguna para utilizar esos aliviaderos “ni siquiera para vertir agua embotellada, así que sea lo que sea lo que se hayan vertido se le debe multar”.
La socialista recuerda que la Consejería de Medio Ambiente de Gobierno de Canarias ya ha abierto expediente tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como a la empresa titular de la gestión del agua (Emmasa) por los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado, por lo que espera que se abra otro más por el de este 8 de abril.
Insiste en que el Ayuntamiento tiene la obligación de informar de cualquier vertido "y desde luego no puede negarse a dar explicaciones y a aportar todos los datos necesarios para evitar la alarma social que ya se creó con los anteriores vertidos".