El entierro celebrado ayer en Marruecos de siete víctimas de la emigración, que murieron ahogadas frente a Lanzarote, recuerda de nuevo a las familias y al país los riesgos que conlleva este viaje clandestino en busca de un futuro mejor.

Dos de esos cadáveres fueron sepultados en el cementerio principal de la localidad meridional de Guelmim, en una ceremonia celebrada de manera discreta, que apenas duró veinte minutos y a la que sólo acudieron los hombres de cada casa, con la emoción contenida de quien parece haber aceptado ese vuelco del destino.

Uno de ellos, Jama Janfor, enfermero de profesión, se ha quedado a cargo de cuatro hijas de entre 11 y 18 años, después de que su mujer, Rida Ahbidak, se lanzara al mar con destino a Canarias.

Su viaje, truncado dos días después a tan sólo 20 metros de la costa del municipio de Teguise tras chocar con una roca, se saldó con 25 fallecidos, seis supervivientes y un desaparecido. A Ahbidak le habían denegado el visado en cinco ocasiones y el objetivo de emprender en patera ese trayecto era, según su marido, que nunca aprobó que lo intentara por esa vía, visitar a su hermana.

"Cuando recibí la llamada de la Gendarmería no me lo creí, porque pensé que mi mujer estaba en casa con nuestras hijas", señala, mientras trata de asimilar no sólo la noticia de su muerte, sino que se hubiera aventurado sin su consentimiento.

El cuerpo llegó ayer por la mañana a Guelmim, de donde procedían la mayoría de las 32 personas -una veintena de ellas menores- que naufragaron, tras aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún y recorrer por carretera las cerca de seis horas que lo separaban de su localidad natal.

Resulta chocante que una parte de los fallecidos procediera de hogares en los que no había problemas acuciantes y también sorprende la cantidad de menores que se embarcaron en la aventura.

"Era tan sólo un estudiante", dice Naama Aka, tío de Brahim Zerku, de 17 años, que tenía un hermano de 26 años en Tenerife, pero del que asegura que tampoco se había puesto en contacto con él antes de partir.

En familias como la de Bachir Raji, procedente de Laksabi, donde la brisa del siroco recuerda la cercanía del desierto, sí parecían estar al tanto de las intenciones del joven, de 28 años.

Pero eso no evita que la tragedia haya sorprendido a un hogar en el que la cabeza de familia, Zalka Saini, se debate entre la necesidad de salir adelante y el dolor por la pérdida de uno de sus siete hijos, que se ganaba la vida con trabajos agrícolas ocasionales.

"En este momento de crisis económica y social, la gente no ve las cosas como son y vive en el sueño de llegar a la otra orilla, que para ellos es el paraíso, sin escuchar a los que ya lo han conseguido y les dicen que allí es todavía peor", explica Abdalahi Elkua, uno de los encargados de la localización de los familiares.

Para este colaborador de la Asociación Sur por la Emigración y el Desarrollo (ASED), "la obsesión" por alcanzar esa meta compensa los peligros que lleva implícito el trayecto, iniciado para escapar de una zona de "entre las más pobres de Marruecos, con pocas posibilidades de trabajo porque no hay industria".

Las consecuencias de ese objetivo las pagaron también los otros 18 cadáveres que han sido ya enterrados en Lanzarote, que no han podido ser repatriados por falta de medios y ante la ausencia de familiares que se desplazaran hasta allí para acabar de identificarlos.

"Si supiera quiénes han sido los responsables de organizar el viaje, los habría denunciado", asegura Janfor, que desconoce que a la comisaría de Guelmim ha llegado una misiva anónima en la que se cita a cinco presuntos culpables de "enviarlos hacia la muerte".

En la carta, según una copia facilitada por la ASED, se habla de que "empujar a esas personas al fondo del mar es una catástrofe para el país", y se califica de "traidores a la patria" a los cabecillas de esos grupos, contra los cuales algunas familias planean organizarse para "intentar defender a otros que están a su merced".

En 2008, según la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, trataron de introducirse en España de forma clandestina por vía marítima 13.555 personas.