La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, ha reclamado hoy al Gobierno que mantenga la ley del tabaco "ante las presiones" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del proyecto "Eurovegas".
"Una vez más, Aguirre antepone los intereses económicos a la salud de la ciudadanía, tras pedir al Gobierno que se modifique la ley del tabaco para permitir fumar en casinos y otros establecimientos de juego como bingos y locales de apuestas", ha denunciado en un comunicado.
Nofumadores.org ha asegura que la Ley tiene un respaldo del 66% de la población y de toda la comunidad médica, y tacha de "irresponsable, intolerable e innecesario" que el humo vuelva a ganar terreno en espacios públicos cerrados.
"Aguirre ha sucumbido muy a su gusto a las presiones de Adelson-Eurovegas, para acabar con una ley del tabaco que tiene un amplísimo apoyo de la ciudadanía", remacha Fernández Megina.
En su opinión, tanto Aguirre como la empresa predican un modelo dirigido por "una elite económica que evade pagar impuestos, destinado no a crear riqueza sino a acumularla, no a crear trabajo sino a destruir la clase media, no a defender los derechos de los trabajadores sino a provocar que mueran de cáncer".
En contraposición, sostiene que la ley del tabaco ya está ahorrando a las arcas españolas una gran cantidad de dinero sanitario al descender las urgencias cardiovasculares y de asma infantil, aparte de todos los cánceres que se están evitando y que no generarán en un futuro gasto sanitario.
Nofumadores.org pide a los sindicatos que "dejen claro su apoyo a no crear trabajadores desechables de segunda clase", porque entiende que permitir fumar en bingos y casinos "iría contra el derecho de igualdad recogido en la Constitución".
"Pondría en situación de desigualdad a los trabajadores del sector del juego frente al resto, al verse estos expuestos en su puesto de trabajo al humo de tabaco, un cancerígeno de grado A para los humanos, reconocido así por la comunidad científica internacional", denuncia.
Fernández Megina recuerda que hasta la entrada en vigor de la ley se estima que morían al año 3.500 fumadores pasivos, 1.000 de ellos de la hostelería.