Ni centros académicos públicos ni privados ofrecerán este curso carreras oficiales de tres años, una opción voluntaria para las universidades desde febrero y rechazada por sectores temerosos de que aboque a un sistema "3" (tres años de grado y dos de máster), pues sería más caro que el modelo actual.

Entre los motivos principales para no implantar ya estas titulaciones, según han explicado fuentes de las universidades a Efe, está la "precipitación" o la falta de tiempo para que la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación (Aneca) las verifique.

También porque prefieren acogerse a la "moratoria" hasta el curso 2017-2018 acordada por la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) en asamblea.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) fue la única que votó en contra de tal aplazamiento (otras cinco también privadas se abstuvieron) pues entendía que tiene capacidad de adaptarse a la nuevas posibilidades académicas de manera rápida.

Un mes antes, en enero,el Gobierno había aprobado el real decreto que flexibiliza la duración de las carreras y permite que haya titulaciones oficiales de entre tres cursos (180 créditos) y cuatro (240 créditos).

Hasta ahora las carreras superiores eran de cuatro años (antes del Plan Bolonia eran de cinco años), con excepción de las que habilitan para profesiones reguladas, de duración superior, que se mantienen.

Las de tres años podrán acompañarse de másteres de uno o dos años, según el caso, mientras que puede continuar la oferta actual de titulaciones de cuatro años, con uno de postgrado si se requiere ("4").

La decisión del Gobierno cuando era ministro de Educación José Ignacio Wert se basó fundamentalmente en el argumento de que la mayoría de países europeos tienen un sistema de carreras de tres años.

Fue recibida, en general, con críticas de los partidos de la oposición, sindicatos, alumnos y rectores. Y sigue siendo ampliamente criticada por organizaciones de estudiantes y docentes, que incluso convocaron manifestaciones el curso pasado contra el que denominan "decreto 3".

Convierte a los grados universitarios, en su opinión, en cursos generalistas que "obligan" al alumnado a cursar másteres, cuyo precio por curso es más alto.

Wert y la que era secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, insistieron en su día en que la norma flexibiliza la duración de las carreras pero no obliga a estudiar un máster ni que sea de dos años; también recordaron que los grados de tres años son voluntarios para las universidades.

Entre las universidades, el que era rector de la UCJC, Eduardo Nolla, anunció la posibilidad de ofrecer algunas carreras oficiales de tres años desde este mismo curso.

Sin embargo, el reciente nombramiento de un nuevo rector, Samuel Martín-Barbero, supone la "apertura de un período de análisis integral" y de "una reflexión" sobre los planes de estudio, explican ahora fuentes de este centro a Efe.

El también nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid (la de mayor número de estudiantes presenciales), Carlos Andradas, se reafirma en el compromiso de su antecesor, José Carrillo, de no aplicar la estructura "3" por el momento.

"Antes hay que resolver el tema de las tasas", destaca Andradas: mientras se mantengan los precios actuales ir al "3" significa que los estudiantes estudiarían tres años de grado, con una pérdida de formación y un título de validez "dudosa".

Ahora salen los primeros titulados de cuatro años y "lo que corresponde es evaluar su funcionamiento", reclama.

Entre las universidades catalanas se prevé poner en marcha cuatro grados de 180 créditos "de nueva creación y muy orientados a la internacionalización" ya en el curso 2016-17, -según se informa desde la Secretaria de Universidades de la Generalitat- y que serían de Producción Digital, Bioinformática, Global Studies y Diseño y Arte digital.

En general, las universidades privadas parecen más propicias a la posibilidad de reducir la duración de los grados.

Así, según fuentes de la Universidad Europea de Madrid, este cambio de modelo puede suponer una "oportunidad" para el Sistema Universitario Español, favorece la internacionalización y la homologación de las titulaciones.

No obstante, reclaman prudencia con las reformas, reflexionar sobre las necesidades de los estudiantes, evaluar los resultados conseguidos hasta ahora y consultar los cambios con el mundo profesional.