Las jornadas técnicas sobre reformas legislativas que se desarrollan desde ayer en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife deparó valoraciones positivas y negativas sobre las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), donde destaca el refuerzo de las medidas garantistas para los detenidos e imputados, así como los esfuerzos del legislador por intentar limitar los tiempos de instrucción de las causas. En cualquier caso, las sesiones de trabajo iniciadas ayer se producen en plena polémica por este asunto, ya que varias asociaciones de jueces y fiscales han vertido duras críticas contra los cambios.
Ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, aseguró que, gracias a la limitación de los tiempos de instrucción y la falta de medios materiales y humanos en los juzgados, se puede generar "una esfera de impunidad brutal" para las personas que cometan delitos.
Astor Landete aclaró que esta reforma legislativa se ha impulsado de manera "bienintencionada"; sin embargo, opina que "se ha perdido la oportunidad de hacer una nueva ley, adecuada a los tiempos," y se ha optado por "introducir un parcheo en una legislación centenaria".
Lamentó que cada partido que accede al Gobierno central aporta su "trocito" de parche. Astor Landete dijo que, hasta tal punto es así, que la reforma que va a entrar en vigor en breve "no hay quien la entienda" y "me da una sensación de inseguridad jurídica".
Uno de los aspectos que más preocupación genera entre jueces y fiscales es la limitación a seis meses para los procedimientos ordinarios y a 18 meses para aquellas causas que el fiscal y el juez determinen que son complejas.
Astor Landete afirmó en su intervención que la instrucción no depende solo del juez, ya que, con frecuencia, hay que solicitar documentos mercantiles y de otro tipo a diferentes organismos. El presidente de la Audiencia Provincial critica que en la ley se especifique que su puesta en marcha "no conllevará ampliación de gastos"; es decir, que necesariamente no habrá más dinero para aumentar plantillas y recursos materiales. Astor indicó que "actualmente estamos trabajando con imaginación". Ante más de 100 letrados presentes en el salón de actos, ironizó con que los abogados tienen todas las de ganar si "inundan" de recursos a los órganos unipersonales (juzgados de instrucción, por ejemplo). El presidente de la Audiencia Provincial también critica que los recursos por sentencias de delitos leves en primera instancia sean atendidos por un único magistrado de una sección de la Audiencia Provincial.
"No es una ocurrencia; se basa en estudios"
El contrapunto a los planteamientos de Joaquín Astor Landete fue aportado por un representante del Ministerio de Justicia, Nicolás Cabezudo Rodríguez, quien manifestó a los asistentes que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no es una ocurrencia, sino que está basada en estudios". Coincidió con Landete en que es necesaria una nueva ley, pero aclaró que, al debatirla con otros grupos, no hubo el consenso deseado para sacarla adelante y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió aprobar aquellos aspectos que no admitían más retraso. Las duras críticas del presidente de la Audiencia Provincial obligaron a Cabezudo a cambiar totalmente la intervención que tenía prevista. Al defender la modificación de la legislación, recordó que, al facilitar el archivo de los delitos de autor no conocido, se contribuirá a eliminar los trámites burocráticos de hasta el 40 por ciento del conjunto de los asuntos que llegan a los juzgados y que no acabarán con un juicio. El representante del Ministerio de Justicia lamentó que este aspecto haya sido "materialmente obviado" por los colectivos de jueces y fiscales en sus críticas en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Respecto al intento de reducir los tiempos de instrucción, Nicolás Cabezudo afirmó que "una causa de 300.000 folios es inasumible por jueces, fiscales o abogados", a la vez que definió estos sumarios como "una barbaridad". El representante del Ministerio de Justicia aclaró que los tiempos límites de instrucción se pueden ampliar si así se solicita debidamente. En esa línea recordó que, para las causas complejas, los 18 meses se pueden prorrogar por otros tantos y, si ese plazo no fuera suficiente, se puede plantear una segunda prórroga. Y para los asuntos ordinarios de seis meses de instrucción también cabe solicitar una prórroga por otro medio año. Por ese motivo, Cabezudo negó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "sea fuente de impunidad" y si así se asegura "hay que dar explicaciones del por qué".