Estefanía Ocáriz es investigadora doctora del Instituto Vasco de Criminología en la Universidad del País Vasco. Una de sus funciones es evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas, proyectos y acciones que el Gobierno de Euskadi aplica con los menores que cometen delitos y cumplen medidas, tanto en medio abierto como en un centro cerrado.
Ocáriz, que participó en unas jornadas en Adeje, manifiesta que esa labor de control del trabajo con los menores infractores no está generalizada. Afirma que "hay pocos datos públicos sobre el menor infractor". Respecto a Canarias, esta experta señala que no existen datos en el Gobierno autónomo sobre los adolescentes que, por ejemplo, tras pasar por un centro dependiente del Ejecutivo, acaban integrados en la sociedad o, por el contrario, vuelven a delinquir.
Ocáriz comenta que "cada vez hay más cultura de evaluación; está aumentando este proceso, pero aún es insuficiente y existen escasos recursos". Según los datos que maneja esta investigadora universitaria, actualmente sí evalúan las acciones con menores infractores algunas comunidades, como País Vasco, Madrid, Cataluña, Asturias o Castilla-La Mancha, entre otras. Pero esa situación no se da en todas las regiones. Por eso, señala que "en Canarias es necesario desarrollar formación en la evaluación de programas, proyectos o políticas públicas". Según Ocáriz, el porcentaje de menores que, tras someterse a los programas formativos del Ejecutivo vasco, vuelve a delinquir está en un 16,7%. En este dato se incluyen tanto los menores que delinquen una vez como los adultos. En la última década se ha registrado una sensible mejora en la reinserción. Ocáriz apunta que en el periodo comprendido entre 2003-2007 (cuando se hizo la primera evaluación), el nivel de reincidencia era del 28,1%. Para esta experta, actualmente debería ser obligatorio evaluar la validez de una política pública y, en concreto, sobre menores infractores. Indica que hay recursos económicos y humanos que se ponen en valor, por lo que se debe saber si la actuación se hace correctamente o no, para dar continuidad a las acciones que tienen un resultado positivo y mejorar en aquellos aspectos en los que los resultados no alcanzan los objetivos previstos. La especialista en delincuencia juvenil señala que resulta complicado compararse con otras comunidades donde se controlan las acciones con menores en riesgo, "puesto que el sistema de evaluación no es el mismo".
Estefanía Ocáriz manifiesta que el perfil del menor en riesgo tampoco difiere mucho por comunidades y aclara que las razones por las que un adolescente delinque son similares en toda España. Las variables de riesgo comunes son precariedad en la economía familiar, absentismo escolar, consumo de sustancias tóxicas, tener un grupo de amigos de riesgo o escaso control por parte de la familia.
"La presión del grupo es muy grande"
Estefanía Ocáriz explica que su labor, entre otras cosas, consiste en evaluar tres objetivos. Uno de ellos es conocer el perfil psicosocial de los menores infractores (sexo, lugar de nacimiento, escolarización, amigos, la situación económica familiar, los problemas de salud mental si los hubiese o el posible consumo de droga). El segundo objetivo consiste en analizar la trayectoria delictiva del adolescente (cuántos y qué tipo de delitos ha cometido; qué medidas educativas se le han aplicado, así como si estas se llevaron a cabo en un medio abierto o en un centro cerrado). Otro elemento de estudio relevante es si los delitos fueron cometidos en solitario o acompañado por otros menores, el lugar y la hora. Ocáriz comenta que, a determinadas edades (entre 14 y 18 años), "la presión del grupo es muy grande". Tal es así que hay muchos menores que, si están acompañados de otros, llevan a cabo acciones delictivas que no realizarían si estuviesen solos. El tercer objetivo es determinar el impacto de la medida recogida en el catálogo de la Ley Penal del Menor 5/2000. Es decir, saber si la persona menor de edad mejora en sus aspectos carenciales durante la realización de la medida judicial. Esta experta en delincuencia juvenil explica que los delitos más comunes cometidos por adolescentes son los de lesiones y los diferentes tipos de robos (hurtos, robos con fuerza en locales o casas, así como los robos con violencia e intimidación). Estefanía Ocáriz recalca que aprecia un incremento en los casos de violencia de género, las agresiones a familiares, el acoso y los relacionados con las nuevas tecnologías. Para esta profesora universitaria, "a la figura femenina la ven más vulnerable y la agreden más". Según Ocáriz, cuando una madre acude a la Fiscalía para denunciar a un hijo, ya lleva un amplio historial de agresiones. Esta experta advierte de que la delincuencia femenina ha aumentado, puesto que en los últimos años ha pasado del 12 al 18 por ciento en el conjunto de las estadísticas.
La mayoría, chicos y españoles
La investigadora del Instituto Vasco de Criminología señala que el perfil del menor delincuente en Euskadi es de un varón y la "inmensa mayoría son nacionales". Según los datos que maneja Estefanía Ocáriz, un 27 por ciento de los delitos cometidos por menores están protagonizados por extranjeros (nacidos fuera de España), principalmente marroquíes y argelinos. No obstante, Ocáriz advierte de que se aprecia un incremento de las infracciones penales perpetradas por adolescentes de origen latinoamericano.
Escaso control parental o con "inconvenientes"
La experta en Justicia Juvenil aclara que otro de los factores a tener en cuenta en el perfil del menor que delinque es que está sometido a "escaso control parental". Una variante de ese problema está relacionada con las "inconsistencias" que puedan surgir en su educación. Un ejemplo de ello se produce si la madre dice una cosa y el padre la contraria. Ocáriz explica que, en otras ocasiones, resulta contraproducente variar las normas establecidas. Es decir, si se adopta una medida, los padres deben mantenerse firmes para que se cumpla siempre.
Sin un buen nivel educativo
Para esta profesional especializada en evaluar acciones educativas en menores en situación de riesgo, otro rasgo habitual en el perfil de estos chicos es que no tienen un buen nivel educativo. En unos casos se trata de repetidores y en otros acuden a las clases, pero no rinden adecuadamente. Otra de las conductas asociadas a estas personas es el consumo de sustancias estupefacientes.
Saber dónde va el dinero debe ser un derecho
A juicio de Estefanía Ocáriz, para los ciudadanos debería ser un derecho saber de qué manera se gestiona el presupuesto relativo a los menores infractores, si los centros funcionan correctamente y si los adolescentes vuelven a delinquir o no. Para garantizar la seriedad en los procesos de análisis de las políticas con este segmento de la población, la profesora universitaria está convencida de que la evaluación debe desarrollarla un órgano externo a la administración autonómica. En el caso del País Vasco, Estefanía Ocáriz señala que la evaluación del Plan de Justicia Juvenil del Gobierno vasco se desarrolla con recursos económicos del gobierno autónomo y recursos humanos de la Universidad del País Vasco (alumnos en prácticas o becarios predoctorales y posdoctorales).