Más de 20 años ha estado el cabo Ángel Yuste Barranquero como responsable de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido la "voz" del Instituto Armado con la que los periodistas se han informado o confirmado sus datos iniciales. Hace pocos días pasó a la reserva activa, tras ser testigo de una evolución importante en los medios de comunicación durante dos décadas. Además, se licenció en Derecho (ejerce como abogado) y en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo.

Yuste recuerda que, hasta 1997, la información oficial de los cuerpos de seguridad "la llevaban los gobiernos civiles, sin profesionales que atendieran las demandas". Y en ese año el Instituto Armado decidió crear las oficinas periféricas de comunicación. Recuerda que "no era fácil" y se optó por que fueran miembros del cuerpo quienes se hicieran cargo de esos gabinetes. La formación teórica a esa primera promoción de comunicadores se hizo durante varia semanas en la Universidad Carlos III.

Según Yuste, con los confidentes, los periodistas, a veces ofrecían distorsión y "necesitaban un eslabón que diera veracidad, que confirmara las noticias y ayudara a estar en la pista".

Tras estas dos décadas, el cabo Yuste señala que la experiencia "nos ha hecho ver que hemos conseguido trasladar hechos veraces".

Comenta que "otro elemento clave del trabajo ha sido el respeto a todos los integrantes del hecho delictivo, es decir, por el presunto autor y la víctima, así como la confidencialidad de los testigos; nadie puede acusarnos de vulnerar el honor".

Advierte de que "una filtración puede estropear un servicio, y muchas veces traslada una información interesada, donde no todo es verdad".

Hace 20 años, todavía se enviaban los comunicados por fax. Pero la entrada en funcionamiento de las oficinas periféricas de comunicación (OPC) coincidió con el inicio del uso masivo de la telefonía móvil.

El cabo Yuste confirma que en su actividad la realidad también ha cambiado mucho. Y casi lo último ha sido la irrupción de las redes sociales como elemento para transmitir información o que los periodistas "encuentren" noticias. Opina que "se debe luchar por no correr mucho". Y, desde su punto de vista, "los buenos periodistas no dependen tanto de las redes sociales".

En sus primeros años en la OPC, algunos periodistas le decían: "Es que tú no eres periodista y no me comprendes". Y, por despecho, decidió estudiar Periodismo. Con los años se llegó a sentir "uno más del gremio".

Como factor positivo de los gabinetes del Instituto Armado, comenta que son "apolíticos, pues trasladamos nuestras actuaciones y servicios". Recuerda que la elección de los miembros de las oficinas de comunicación de la Guardia Civil se hace por libre designación, pero no de forma arbitraria, ya que se busca un perfil determinado, donde la disponibilidad horaria es uno de los requisitos.

Ángel Yuste llegó a Tenerife en 1986. Era su primer destino. Trabajó en el aeropuerto Tenerife Sur y en la compañía de Playa de las Américas. Desde 1994 ha formado parte de la Plana Mayor de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

Como abogado que ha defendido a muchos compañeros guardias civiles, aclara que "me marcó muchísimo el miedo permanente a que fueran condenados por mí". Cree que el pelo se le ha quedado blanco de la tensión vivida en los primeros años como letrado, pues se metía mucho en los casos. Estima que ha defendido a más de 700 agentes.

Ante un ladrón de joyas y un desahucio

Yuste evoca varias experiencias como guardia civil en la calle, y cuenta: "Una mañana entrábamos con el vehículo por Las Américas y cerca de la playa de Troya había una buena joyería-relojería. Un hombre salió corriendo y se oyó un grito de ladrón". "Yo iba de acompañante (por cierto en un Renault 4L), y empiezo a perseguirlo, me coloco a unos diez metros, siempre detrás", evoca. Al final, "después de unos cuantos kilómetros y de fundirse, paró exhausto y lo detuve", comenta. Yuste señala que recuperó un Rolex valorado en unos 30.000 euros (unos cinco millones de la época). Y pensó: "El valor de estar en forma". En otra ocasión, estaba encargado de un desahucio de una vivienda social en Cabo Blanco, propiedad del Ayuntamiento. Había una autorización judicial para la entrada, pero el desahucio era administrativo. "Observé un problemón social, un familia de etnia gitana muy extensa, con hijos menores y el problema radicaba en una utilización de este inmueble de otro persona que no lo ocupaba por tener otra vivienda", señala. "Me fui al Ayuntamiento a hablar con el alcalde y le comenté el problema, y que si continuaba con la ejecución me iba a traer a todos los desahuciados al Ayuntamiento para que él les diera las explicaciones oportunas, puesto que a mí no me correspondía darlas, que los iba a dejar en el portal del Ayuntamiento". Y se paró el desahucio.