El Gobierno y siete comunidades autónomas han elaborado un informe en el que destacan la oportunidad de revisar la ley de dependencia y reconsiderar la financiación para garantizar la incorporación de personas pendientes de ser atendidas.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presidió ayer la última reunión de la Comisión para el análisis de la situación de la dependencia que ha elaborado un informe consensuado para un diagnóstico del sistema y su modelo de financiación.

El informe cuenta con un voto particular de Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña, que reclaman que la financiación sea finalista y se reconozca la deuda del Estado tiene con las comunidades en esta materia.

Creada por el Consejo de Ministros del 10 de febrero tras los acuerdos de la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, la Comisión está integrada por representantes de la Administración del Estado y de las CCAA de Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla-León.

Según el informe, a 30 de junio de 2017, el sistema de dependencia cuenta con 1.217.355 beneficiarios con derecho a prestaciones o servicios, 898.243 con prestaciones efectivas y 319.092 en lista de espera.