La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia "necesita una revisión" y un cambio de filosofía. Tras diez años en funcionamiento, el Imserso se ha dado cuenta de que los servicios son muy importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, pero que este cometido no debe hacerse sin respetar cómo quiere vivir el dependiente. "No podemos enviar a alguien a donde no quiere estar. Si tengo los derechos que me da la ley y los derechos que me da mi ciudadanía, debo poder decidir".

Estas afirmaciones las hizo ayer la directora del Imserso, Carmen Balfagón, en Tenerife, en el marco de las jornadas "Retos de la atención de la dependencia en Canarias", organizadas por la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. La responsable criticó el desarraigo al que se somete a muchos usuarios, que se ven obligados a acudir a un centro que se encuentra alejado de su hogar. Habló como responsable de este organismo, pero también como "mujer de 63 años" que, además, tiene a un familiar -su madre, de 80- a su cargo.

"Cuando la ley se aprobó, en 2006, vi muchas lagunas", entre ellas, el papel que se otorgaba a los servicios. No porque no considerara que tenían muchísima importancia para garantizar este derecho, sino porque creía que había que articular el sistema en torno a las demandas del usuario. Una década después, Balfagón quiere impulsar una modificación de la norma con el consenso de todas las comunidades y unificar reglamentos autonómicos. "Los servicios y las prestaciones están bien, pero hay que revisar las compatibilidades", insistió la directora del Imserso.

"No se puede tener dando vueltas a la persona dependiente, si entra en el circuito social o sanitario hay que resolver su situación allí donde se encuentre", y además hay que escuchar sus deseos sobre cómo quiere recibir la prestación, en lugar de preguntárselo al final del proceso, defendió Balfagón.

La directora reconoció la insatisfacción generalizada con la Ley de Dependencia. Los plazos para que se haga efectiva la prestación son excesivos -no se cumplen los seis meses previstos en la ley- y muchos dependientes nunca llegan a disfrutar del servicio.

Balfagón, no obstante, se mostró esperanzada con el futuro. La recuperación económica permitirá elevar los niveles mínimos que financia el Estado por cada persona dependiente, anunció. "Tiene que ser la legislatura de la dependencia".

El catedrático de Economía José Luis Rivero Ceballos fue el encargado de abordar los aspectos económicos de la dependencia. El experto subrayó la necesidad de afinar en el modelo de financiación del sistema de dependencia. A su juicio, permitir que "la euforia" determine los presupuestos en esta área no es una buena idea. Pasó cuando nació la ley y luego "llegaron las decepciones". "En 2019 se moderará el crecimiento; no se deben hacer cosas que no se pueden mantener en el tiempo", expuso.

La atención a las personas en situación de dependencia es compleja y demanda recursos, pero ese escenario es aún más complicado cuando hay que poner en marcha el sistema en islas menores. El efecto de la "doble insularidad" también repercute en el área social: dificulta encontrar operadores y provoca que los servicios se encarezcan.

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, usó este ejemplo como un reto "propio" al que tiene que hacer frente Canarias a la hora de dar respuesta a las personas dependientes. "En las Islas todo es más caro", subrayó.

Además de defender esa realidad en Madrid, Valido insistió en la necesidad de descentralizar el sistema y coordinarse con ayuntamientos y cabildos para dar respuesta a las demandas de los usuarios en tiempo y forma. Estas administraciones ya colaboran atendiendo a muchos ciudadanos, pero el sistema puede ser más eficiente, apuntó. "Tenemos que reforzar los servicios de atención a domicilio" y "simplificar" los procedimientos para el ciudadano. "Así atenderemos a más y más rápido", dijo.

La consejera también se refirió a la necesidad de ampliar las plazas a través del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias, que permitirá ampliar la oferta diurna y residencial.

Además, se mostró partidaria de revisar la ley de Dependencia. Uno de los aspectos en los que hay que hacer hincapié es en reforzar la prevención, para lograr que el deterioro de las personas se produzca lentamente.

El envejecimiento es un problema de Canarias, pero también de la mayor parte de los países desarrollados. Esa transformación en la pirámide de población requiere un cambio de mentalidad y de políticas. La Consejería quiere poner en marcha un sistema de atención a dependientes de Grado 1, es decir, a los que tienen más autonomía, con la intención de retrasar la evolución de esa dependencia y los requerimientos asociados a ella.