La oenegé Save the Children ha exigido hoy la elaboración de una ley específica que proteja a los menores de los abusos sexuales y programas preventivos en las escuelas sobre educación sexual y afectiva.

A raíz del caso del profesor del colegio Vedruna de Gracia de Barcelona que ha ingresado en prisión preventiva acusado de abusos sexuales a menores y de tener pornografía infantil, Save the Children ha exigido que se apruebe una ley que proteja a los menores de los abusos sexuales.

La organización no gubernamental también considera necesario que los centros educativos cuenten con protocolos internos para que dirección y profesorado sepa cómo actuar ante un caso de abusos sexuales.

Según el informe de Save the Children "Ojos que no quieren ver", sólo un 15 % de los colegios en toda España donde un menor víctima contó lo sucedido, lo comunicó a las autoridades.

Asimismo ve necesario que existan "protocolos de coordinación intersectorial para evitar la descoordinación entre instituciones: servicios sociales, policía, juzgados, sistema educativo y sanitario".

Por ello, Save the Children defiende contar con "protocolos marco que sean elevados a la categoría de decreto autonómico para que así sean de obligado cumplimiento".

Según datos de la oenegé, en Cataluña una de cada dos víctimas de agresiones y abusos sexuales es un menor, que en la mayoría de los casos no son capaces de entender lo que les está pasando por falta de conocimiento, y los abusadores son conocidos en seis de cada diez casos.

"Existen campañas y acciones puntuales en las escuelas donde se les explica los riesgos de los abusos sexuales, pero esto no es suficiente. Es necesario que los programas preventivos estén integrados en el currículo académico para que los niños tengan una buena educación sexual y afectiva", ha reivindicado la oenegé.

Save the Children considera "necesario que se adopte una estrategia integral que articule alrededor de una ley orgánica que ponga los menores en el centro y los proteja de la violencia, incluidos los abusos sexuales".

También exige "garantizar que todos los niños y adolescentes acceden a una enseñanza reglada y desde etapas tempranas sobre educación sexual y afectiva" y que todos los centros públicos, concertados y privados apliquen los protocolos de actuación contra los malos tratos a menores y se les dote de un protocolo propio interno de detección de casos de violencia contra la infancia, incluidos los abusos sexuales.

Y pide incluir formación en prevención de la violencia y protección de la infancia en los currículos formativos del profesorado y de los equipos directivos de los centros.