El magistrado-juez decano de Arona, Nelson Díaz Frías, presidió la pasada semana una junta de jueces de dicho partido en la que se aprobó un manifiesto en el que se exige la defensa de la independencia del Poder Judicial, frente a las presiones e injerencias externas, así como la petición de la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tal y como han demandado todas las asociaciones judiciales, a raíz del linchamiento mediático a los jueces que dictaron la sentencia del conocido como caso La Manada.
Díaz Frías prefiere no pronunciarse sobre dicho asunto porque lo desconoce, "pero de lo que sí estoy seguro es de que el juicio se celebró con todas las garantías procesales y que la sentencia se puede recurrir ante dos instancias, como son el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y el Tribunal Supremo (TS).
Manifiesta que "los jueces estamos muy preocupados por la politización de la Justicia y las cada vez mayores intromisiones externas al Poder Judicial".
Al igual que ya lo expresara el portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la provincia, Juan Carlos González Ramos, el juez decano de Arona comenta que "los políticos españoles solo hacen caso a las recomendaciones de la Unión Europea cuando les interesa a sus fines".
Y recuerda que "el Consejo de Europa lleva años recomendando a España que adopte una serie de medidas de lucha contra la corrupción, entre ellas que, al menos, doce de los vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean designados por los jueces en elecciones directas y listas abiertas; y no por los políticos, como ocurre actualmente".
En opinión de Díaz Frías, también es necesario que la instrucción de las causas penales siga en manos de los jueces de instrucción y no se atribuya a los fiscales, puesto que ello es una garantía de independencia, frente a posibles presiones políticas externas, tal y como desgraciadamente hemos visto recientemente, como el caso Noos y otros". Asegura que "sin una buena instrucción no hay juicio oral y, a día de hoy y con la actual legislación, que dicho procedimiento siga en manos de los jueces es una defensa para los ciudadanos de que posee una Justicia independiente, frente a intromisiones ilegítimas de otros poderes del Estado".
Para el magistrado, "el solo hecho de que ministros de Justicia como Gallardón (actualmente investigado por un caso de corrupción) o Catalá (único ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados) hayan querido quitar la instrucción de los procedimientos penales a los jueces debería alarmar a la sociedad española".
Díaz Frías recuerda que, ya desde 2012 el Gobierno de la Nación se propuso eliminar, y aún no lo ha hecho, el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permite que los parlamentarios autonómicos, mediante la propuesta de una terna, designen a magistrados de esa comunidad autónoma, que son los que, precisamente, van a instruir y juzgar causas donde están implicados aforados, entre los que están, precisamente, los políticos que los eligieron.