Un grupo de apoyo a los presos de la prisión Tenerife II manifiesta su desacuerdo con la forma en que desarrolla su trabajo un psicólogo de dicho recinto penitenciario, tanto por el contenido de alguno de sus informes como por su manera de tratar a algunas de dichas personas, entre otras cosas. Ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, un particular (que dice hablar en nombre de dicho colectivo) denunció a dicho funcionario por la posible comisión de un delito continuado de falsedad documental, que está contemplado en el artículo 390 del Código Penal.

En el documento se afirma que dicho psicólogo escribe en sus informes que algunos presos sufren problemas de alcoholismo o drogadicción, a pesar de que supuestamente nunca los han tenido.

El ciudadano también acusa al empleado público de manifestar que algunas personas privadas de libertad no aceptan el delito, "cuando el interno ha reconocido su responsabilidad desde el primer momento e, incluso, ha pedido perdón, y ha mostrado la voluntad de reparar el daño".

En la denuncia se indica que el psicólogo de uno de los módulos señala a parte de los presos como "agresivos", que "no controlan sus impulsos, incluidos los sexuales", o que culpabilizan a las víctimas, lo que, según el referido autor de la denuncia, "no es cierto".

En opinión de dicha persona, que prefiere mantenerse en el anomimato, con esa forma de actuación profesional "está traicionando la confianza que la sociedad tiene puesta en sus funcionarios", a la vez que "logra malestar y discriminación entre los internos".

El denunciante solicita a la Fiscalía que requiera los informes al centro penitenciario o al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que compruebe que la "mayoría de los emitidos" por dicho empleado público "no se ajusta en absoluto" con el perfil del interno del que habla. También se dice que "por parte del centro penitenciario se les niega a los presos copia de los informes que este señor envía al Juzgado, porque saben perfectamente que no se ajustan a la realidad; es decir, son falsos".

El ciudadano que interpuso la denuncia reclama que los posibles testigos que todavía están presos en Tenerife II tengan la condición de protegidos para evitar que se puedan tomar supuestas represalias contra los mismos.

Además, el autor del citado escrito señala que el Ministerio Público también puede recurrir a exinternos que vivieron alguna de las situaciones descritas.

Los mismos argumentos ante la Dirección

La queja formal también se ha comunicado a la Dirección del centro penitenciario Tenerife II. Además de advertir de que el asunto se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, el particular plantea que, "para evitar que siga en esa línea, considero razonable" que se adopten "medidas y que sea apartado de su puesto hasta que el tribunal competente resuelva". Además, solicita a la Dirección que considere el escrito como una "colaboración con el centro".