Las principales organizaciones ecologistas valoran las "señales" que ha mandado el Gobierno de Pedro Sánchez en materia medioambiental, pero reclaman ya medidas "concretas" y "ambiciosas".

Ante el inicio del nuevo curso político y a punto de cumplirse los primeros cien días de Gobierno, las organizaciones coinciden al señalar la Ley de Cambio Climático como principal tarea del Ejecutivo, y que ésta debe incluir objetivos ambiciosos.

Reconocen los dirigentes de las oenegés la "debilidad" parlamentaria y los límites presupuestarios del Ejecutivo, pero creen que eso no debe ser un impedimento y que se deben acelerar muchas medidas que no dependen del presupuesto ni de las mayorías parlamentarias.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, se refirió -en declaraciones a Efeverde- a las "expectativas" que levantó el nuevo Gobierno, con la creación sobre todo de un Ministerio para la Transición Ecológica, pero ha agregado: "Esperamos todavía anuncios concretos de calado". Del Olmo valoró algunas medidas (la protección de un corredor para los cetáceos en el Mediterráneo o la ampliación del Parque Nacional de Cabrera), pero reclamó "anuncios potentes para que la sociedad entienda que de verdad hay un cambio".

Entre estos citó la ley de Cambio Climático, pero expresó su preocupación por las "resistencias" que existen, como las del sector energético o las surgidas dentro del PSOE y de administraciones gobernadas por los socialistas (Aragón o Asturias) ante el cierre de las centrales de carbón, y señaló que esas objeciones "preocupan más" que los equilibrios parlamentarios.

Reclamó, además, otro tipo de medidas que no requieren ni dotación presupuestaria ni mayorías parlamentarias, como el cierre de los pozos ilegales en Doñana, la ampliación de la red de Parques Nacionales, la paralización definitiva del proyecto para construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) o poner fin a las prospecciones petrolíferas que se llevan a cabo en aguas españolas.

Trabajar en clave de país

Celia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, señala que la Ley de Cambio Climático tiene que establecer el cierre de las centrales nucleares y de carbón, así como el cierre de las minas y un plan para que la transición sea "justa". Carballo advierte de que el Gobierno debe dar prioridad a un Pacto del Agua "que garantice su sostenibilidad y buen estado, respetando los caudales ambientales" e impulsar un modelo productivo basado en la economía circular y en el objetivo de "residuos cero". Valora las "señales" que ha enviado el Gobierno en las negociaciones europeas, que hacen que España "vuelva a recobrar la cordura y esperamos que cierto liderazgo internacional". Frente a la debilidad parlamentaria, Carballo manifiesta que "es limitante, pero no un impedimento", e incide en la importancia de que el Ejecutivo cuente con el respaldo de su partido y en que todas las administraciones trabajen "en clave de país".