El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, cree que la reclamación del Gobierno a la Iglesia Católica de los bienes inscritos a su nombre pueden parecer "los deseos de una desamortización encubierta", que repercutirían en la acción social de la Iglesia.
Es la respuesta de la CEE a la intención del Gobierno de reclamar a la Iglesia, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público.
"Estamos tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente", defiende el secretario general de la CEE, que explica que lo que ha hecho la Iglesia, "cuando ha estado posibilitado por la legislación", es inscribir en el registro aquellos bienes que de manera secular ha poseído.
El Ejecutivo estima que son unos 40.000 los bienes inmatriculados de la institución
El Ejecutivo estima que son unos 40.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia -entre ellos la mezquita de Córdoba o la catedral de Burgos- si bien Gil Tamayo asegura que la CEE no tiene "ningún registro" de estos bienes. Aclara que el proceso de inmatriculación "no es un mecanismo de adquisición de propiedad de un bien", ya que esa propiedad ya se tenía. "Lo único que se ha hecho es darle constancia en aquellos que ha posibilitado la ley". Gil Tamayo pide que no se despierten "los viejos fantasmas de anticlericalismo" y asegura sentir una "inmensa tranquilidad y una infinita confianza" en nuestro Estado de Derecho y en la legislación.
Así, subraya que "lo único que pedimos es que se cumpla la legislación" vigente y asegura que la Iglesia "defenderá sus derechos" y utilizará sus bienes para los fines para los que se crearon" y que son fines sociales.