El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió esta semana con el presidente de la Federación autonómica de asociaciones de víctimas del terrorismo (Faavte), Joaquín Vidal, y con siete portavoces más, que aglutinan a la mayoría del colectivo en España, con más de seis mil víctimas y familiares directos que sufrieron actos terroristas protagonizados por diferentes organizaciones durante 50 años, como ETA, Frente Polisario, Grapo, Terra Llure, MPAIC o grupos yihadistas. Así lo asegura la representante de la Asociación Canaria (Acavite), Lucía Jiménez, que también estuvo presente en el encuentro con el ministro, junto a la directora general de Apoyo, Sonia Ramos.

Jiménez señala que su entidad representa a 300 afectados en el Archipiélago.

Los representantes de las víctimas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia, Extremadura, Valencia y La Rioja expusieron la necesidad de que se cumplan las promesas de reformas prometidas en materia de remuneraciones y equiparaciones al alza, tanto en los casos con sentencia como sin sentencia. Otras demandas consisten en la reforma de la normativa para pensiones retroactivas a familiares directos de atentados antiguos o modificaciones estatuto empleo público.

Los colectivos también pidieron que se adopten medidas en la Audiencia Nacional para evitar la impunidad de más de 600 atentados terroristas que permanecen sin resolver y que fueron cometidos por diversas organizaciones.

Lucía Jiménez representa principalmente a víctimas olvidadas del terrorismo del Frente Polisario en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado contra trabajadores españoles. La presidenta de Acavite señala que estas personas fueron objeto de brutales atentados terroristas con bombas, mientras trabajaban en la cinta transportadora de las minas de fosfatos de FossBucraá, (Aaiún, en el antiguo Sáhara español), para la empresa pública del INI (Instituto Nacional de Industria), mientras España y Marruecos compartían un acuerdo de seguridad para proteger a este personal. La presidenta de Acavite volvió a pedirle al ministro del Interior que cumpla su promesa inicial y "que reactive y de respuestas de inmediato a todos los actores implicados con un paquete de medidas urgentes asistenciales para paliar retroactivamente y específicamente, las secuelas de todo tipo que aún hoy arrastran los aproximadamente 20 familiares directos de estas víctimas canarias de FossBucraá (viudas, huérfanos, heridos, e hijos).

las claves

Lucía Jiménez demandó al ministro que cumpla su promesa inicial de reactivar y dar respuestas a los familiares de las víctimas del Frente Polisario en las minas de FossBucraá.

En el Archipiélago se estima que hay unas 300 víctimas de atentados por parte de diferentes organizaciones, según la presidenta de Acavite.