Todo indica que en las próximas semanas habrá movilizaciones por parte de las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia para protestar contra una propuesta del Partido Popular sobre la reasignación de personal entre diferentes juzgados, en base a la carencia de recursos humanos en algunos de ellos, siempre que los órganos estén dentro del mismo municipio. En el lenguaje burocrático eso se denomina "gestor de centro de destino".

Intersindical Canaria (IC) se opone frontalmente a esa medida y ya en su momento presentó una enmienda dirigida al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

El mencionado sindicato explica que "desde nuestra organización no compartimos en absoluto dicha motivación; más bien al contrario, entendemos que lo que se pretende es la introducción de criterios que corresponden al ámbito de la empresa privada que, si bien es cierto que en dicho sector se busca el lógico beneficio económico, en las administraciones públicas abren la puerta a la toma de decisiones arbitrarias en menoscabo del servicio".

Para los responsables de IC, "por otra parte, se crea una inseguridad jurídica en el funcionariado al perder la adjudicación de su puesto de trabajo y establecerse una limitación, en cuanto a carrera administrativa se refiere, al derecho de solicitud de destinos en los correspondientes concursos de traslado".

De esa manera, por ejemplo, un funcionario o empleado público que desarrolla su actividad laboral en un juzgado de instrucción podría ser trasladado a una sección de la Audiencia Provincial por carencia de recursos humanos en esta última.

La reasignación de recursos humanos supuestamente se efectuará en base a la petición de los letrados de la Administración de Justicia (los secretarios judiciales).

De momento, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados obtuvo el visto bueno del Partido Socialista.

En la citada proposición de ley se indica que las mejoras "en la planificación y ordenación en materia de recursos humanos" se llevará a cabo para "responder más eficazmente a las necesidades de la propia Administración de Justicia".