España seguía en estado de "shock" cuando el PSOE se aseguró los 180 votos que facilitaron la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Ana Oramas (CC) se posicionó en una situación neutral frente a un pacto antinatura que forzó el relevo de 437 altos cargos con un simple pestañeo. Ahí empezó a tensarse la relación Canarias-Estado. Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE) y el propio Mariano Rajoy (PP) resistieron las tres primeras mociones del periodo democrático antes de que la corrupción acabara pulverizando de forma precipitada a un ejecutivo que se las prometía muy felices con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Las horas que siguieron a este golpe de efecto acabaron por dar forma a un gabinete en el que había un exministro de la vieja guardia (Josep Borrell), un magistrado de reputada valía (Fernando Grande-Marlaska), un comunicador de cinco estrellas (Máxim Huerta) y hasta un astronauta (Pedro Duque). Al autor de la novela "La noche soñada", Premio Primavera 2014, no le dio tiempo ni de abrir su cartera -estuvo al frente del Ministerio de Cultura y Deportes- cuando tuvo que abandonar el cargo después de que se filtrara que había cometido una infracción tributaria doce años atrás: José Guirao, exdirector del Museo Reina Sofía y de La Casa Encendida, tomó el relevo de Huerta en un ambiente muy propicio para iniciar una cacería de brujas, que semanas después trató de envolver sin éxito al ministro Duque en un asunto inmobiliario.
Lo que se firmó con Rajoy en la presidencia quedó en aguas de borrajas hasta que fuera analizado con lupa por los hombres de Sánchez. Y en esa labor de fiscalización es cuando Canarias se dio de frente con José Luis Ábalos. El valenciano estuvo muy activo en el rifirrafe por el 75% de descuento en los billetes, siguió marcando los tiempos hasta la firma parcial del convenio de carreteras y su nombre continúa asociado con otras ayudas que aún están sometidas a un calendario de largas discusiones.
Menos trabas, en teoría, encontraron el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cepsa para plasmar un contrato que conlleva la desmantelación progresiva de los terrenos de la actual Refinería sobre los que va a crecer la ciudad del futuro. En este acuerdo, cerrado con las firmas de José Manuel Bermúdez y Pedro Miró (consejero delegado de Cepsa), se estipula que 576.000 metros cuadrados serán para equipamiento público y zona verde (67%) y para usos privados. Incluido en el macroproyecto Santa Cruz Verde 2030, a una parte de esa superficie se le dará una utilidad turística y a otra residencial.