"La apuesta del Gobierno de Canarias por ayudar a la gente a pagar el alquiler es indiscutible y los datos lo demuestran". Lo afirmó ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, durante el balance de su gestión de dos años al frente del área de vivienda. Aludió a la inversión de 17,5 millones de euros destinada a ayudas al alquiler para el bienio 2018-2019. "Queremos llegar a 6.000 familias, doblando el número de beneficiarios del año anterior", enfatizó.

"Para ello -anunció Valido-, ya estamos cerrando la contratación de veinte efectivos, lo que nos permitirá agilizar el estudio y valoración de las 17.486 solicitudes presentadas, lo que nos permitirá que, entre la última semana de marzo y la primera quincena de abril, podamos ya publicar la resolución para la subsanación de documentación".

El Ejecutivo amplió estas ayudas para los años 2018 y 2019, con un crédito total de 8.750.000 euros por ejercicio, es decir, 17.500.000 euros en los dos años, destacando, así mismo, que se han convocado dos líneas de ayudas diferentes, una para el cupo general y otra específica para jóvenes menores de 35 años.

Como resumen global, otra frase: "Dos años de avance tras diez de paralización y recortes". Volvió a apoyarse en cifras como los "12 millones para rehabilitación del parque público en más de 7.000 viviendas".

En el balance de su gestión desde enero de 2017, recordó "el escenario del que veníamos con ayudas por resolver por falta de cobertura presupuestaria en el marco del Plan Canario de Vivienda 2009-2012". Aclaró que su departamento hizo frente a esta carencia con la inversión de 25,4 millones de euros que se destinaron a resolver las ayudas de adquirientes de distintos peticionarios, entre ellos los que se acogieron a la Hipoteca Joven Canaria.

Valido hizo hincapié en que es clave impulsar la construcción de viviendas para ponerlas a disposición de las familias necesitadas. Relacionó las construidas en El Paso (La Palma) y Valverde (El Hierro), además de las subvenciones a los ayuntamientos de Alajeró, Tazacorte y Santa Cruz de Tenerife para varias promociones

En materia de atención a las familias en situación de desahucio, la consejera indicó que han intervenido con familias en esta situación, ya sea a través del programa Canarias+ViviendasXFamilias (C+VxF), mediante el cual se presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, o bien estableciendo acuerdos con las entidades bancarias Caixa, Sareb y Cajasiete, por los que ceden un total de 123 viviendas para integrar el parque de las destinadas a alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad social.

Valido subrayó la línea de subvenciones para la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, con una inversión de 1,6 millones de euros en 2017, y la convocatoria de diversas líneas de ayudas como la de fomento de la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas, con una partida de 2,2 millones de euros; la de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas, con 1,1 millones de euros, y la de fomento de la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la conservación y modernización de las instalaciones interiores de las viviendas, con una partida de un millón.

Concluyó con una referencia al Plan de Vivienda 2019-2022: "La voluntad del Gobierno ha sido siempre contar con un documento lo más consensuado y participativo posible, que responda a las necesidades reales de las familias canarias". El plan ya ha sido refrendado por agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones. Marcará la hoja de ruta durante los próximos cuatro años y cuenta con catorce programas de ayudas y subvenciones.

LAS CIFRAS

358 VPO en Añaza (Santa Cruz) adquiridas por 24,8 millones de euros tras la amenaza de desalojo a las familias ocupantes.

180 nuevas viviendas sociales en núcleos con familias necesitadas como las capitales, La Laguna y Telde.

5.083 actuaciones de rehabilitación en el parque público con una inversión el año pasado de 8,3 millones de euros.

453 intervenciones para paralizar desahucios, lanzamientos o desalojos.